En las últimas semanas el Gobierno confirmó lo que se venía rumorando desde finales del año pasado, la intención de presentar ante el Congreso una reforma fiscal que comprende medidas tanto de recaudo como de gasto. Sin duda alguna, una potencial reforma en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia y la implementación de la estrategia de reactivación es un asunto que reviste la mayor importancia.
Muchas veces me preguntan por mi posición sobre la reforma fiscal y lo cierto es que el Gobierno nos ha puesto a opinar sin estudios, documentos o borradores. Por eso, a través de una carta, instamos al Gobierno Nacional a que convoque un debate en donde todos los actores podamos aportar, enriquecer y discutir el contenido de esta reforma. La invitación es a generar diferentes espacios con parlamentarios, academia, emprendedores, sociedad civil y empresarios para asegurar una participación activa y un debate suficiente.
En este orden de ideas, consideramos necesario conocer los hallazgos preliminares de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que se instaló el 18 de agosto de 2020. Los resultados encontrados por la Comisión serán un insumo fundamental para nuestra política fiscal ya que nos darán luces acerca de cuáles son las disposiciones tributarias inefectivas para la atracción de inversión y la creación de empleo, pero que nos cuestan en el recaudo.
Y es que según un informe de la Dian el costo fiscal de los beneficios tributarios en 2019 representó $92,4 billones, esto es 8,7% del PIB. De acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en 2018 el gasto tributario sobre el PIB de Colombia fue de 8%, por encima del promedio de la región (4,2%) y de países como Chile (3%), Costa Rica (5,3%), México (3,7%) y República Dominicana (5,9%).
Entendemos que una reforma fiscal podría contribuir a superar la crisis ocasionada por la pandemia, pero también la puede profundizar. Por eso, es indispensable saber cómo será esta reforma. El Gobierno nos ha anunciado que tomará medidas como aumentar la base del IVA y aumentar el recaudo de renta, entre otras, pero no ha explicado con claridad cuáles son y su justificación.
Lo cierto es que llegó marzo y la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, eje central sobre el cual debe construirse la reforma, no ha presentado sus hallazgos. Solicité una reunión con la Comisión para que el Congreso y la ciudadanía conocieran sus consideraciones con tiempo suficiente para poder hacerle el mejor control posible. Sin embargo, aún no me la han concedido y se mantuvieron en que tienen 18 meses para presentar resultados.
Ante este panorama, corremos el riesgo de tener una reforma fiscal sin debate, a las carreras. No se puede olvidar que los impuestos son los que financian la comida y educación de los niños en los colegios, la construcción de obras públicas, la inversión en cultura y ciencia, entre muchos otros.
Por estos motivos, insisto en la solicitud de que se convoque a la mayor brevedad un espacio en el que participen las comisiones económicas del Congreso de la República y la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, con previo recibo de los documentos e información producida para así poder avanzar en la discusión de la tan anunciada reforma fiscal.