En un par de entrevistas y varios titulares el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos anunció las prioridades en la agenda económica de 2021. Por lo menos por lo que dice el ministro, que no siempre es lo mismo que opina el Presidente de la República, 2021 nos espera con reformas tributaria y laboral.

Sobre la tributaria, el Gobierno y varios otros actores han manifestado su irremediable necesidad de cara a la caída en el recaudo, la subida en los niveles de endeudamiento y el aumento de gastos ocasionados por la crisis económica.

De hecho, este año se instaló la Comisión de Expertos para la revisión de beneficios tributarios, que tiene el objetivo de plantear varias propuestas y recomendaciones para aumentar el recaudo de impuestos en especial removiendo los beneficios que no tienen ningún efecto ni sobre el empleo ni sobre la inversión.

Y es que de acuerdo con la Dian, para 2019, las exenciones y beneficios tributarios para las empresas y las personas naturales en Colombia suman $92,4 billones de pesos, es decir, 8,7% del PIB. Sin duda, uno de los desafíos a los que se enfrenta esta reforma es el de quitar beneficios a grupos y sectores, muchos con gran poder de lobby, que los han tenido por décadas y más si se tiene en cuenta que se hará en un año preelectoral.

La reforma tributaria se enfrenta a hogares que han visto sus ingresos reducirse dramáticamente por la crisis económica de este año. Por lo tanto, la imposición de más impuestos corre el riesgo de contraer aún más la demanda, afectando la productividad. Así mismo, el aumento en el gasto del Gobierno aumentará todavía más el déficit fiscal.

Por su parte, la reforma laboral tiene el desafío de generar más empleo en medio de una difícil coyuntura económica. El Gobierno ha señalado que esto se podría conseguir flexibilizando el salario mínimo, es decir reduciéndolo de plano o estableciendo cifras diferenciales; disminuyendo los tiempos de trabajo, menores jornadas laborales o evaluar la contratación por horas; entre otras medidas.

La reforma se enfrenta a la necesidad de emparejar la oferta de trabajo creciente frente a una demanda laboral decreciente. Esto empuja hacia abajo los salarios para la mayoría de los trabajos, reduce los ingresos disponibles de los hogares y afecta su consumo.

Los trabajos no calificados son los que sufren en mayor medida por la crisis. En Colombia, esto es más preocupante aún puesto que la mitad de la población ocupada (48%) es informal. En cuanto a la reforma laboral fuera de ser una oportunidad para tener un mayor ingreso para los hogares puede ser el momento de regular la vinculación de trabajadores a las plataformas tecnológicas y sobre nuevas formas de contratación.

Por los lados de la tributaria, fuera de las exenciones, se habla de aumentar la base de personas que tributan y aumentar el IVA a todos los bienes. También se oye que el paquete podría incluir cambios en gastos y subsidios para que sea más que una reforma tributaria una reforma fiscal.

Estamos ante unas reformas medulares, sin duda controversiales y políticamente sensibles en un momento en que el país necesita desesperadamente volver a una senda de crecimiento. Faltará ver si el Gobierno tiene capital político para pasarlas y que su manejo y detalle no haga crecer todavía más el descontento ciudadano y/o estrangule las incipientes señales de recuperación.