Qué indignación la visita de Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, a la Casa de Nariño para conversar con el presidente Iván Duque sobre la reforma tributaria. Indignante porque un mes después de estar sesionando los congresistas no hemos recibido un texto o invitación a discutir los supuestos de la reforma. A la ciudadanía la siguen tomando del pelo, anunciando cosas filtradas a cuentagotas, pero los hijos de Uribe no solo sí la conocen, sino que incorporan sus sugerencias.

Hay que recordar que son los congresistas, en especial de las comisiones económicas, quienes deberíamos estar discutiendo la reforma tributaria, pero llevamos un mes obligados a opinar con base en anuncios de prensa y sin textos formales. El Gobierno decidió socializar a reducidos grupos de interés -como el Consejo Gremial- y del resto nos informan a punta de medios de comunicación.

Esta socialización contrasta con la ausencia de conversación con otros representantes, en especial con aquellos de los sectores más afectados por la crisis económica, como Acopi -la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- entre otros, que han sido excluidos. Esto es especialmente triste cuando se tiene en cuenta que según la más reciente encuesta de micronegocios del Dane, al menos, se perdieron 500.000 empresas con la crisis económica.

Lo mismo sucede con las mujeres, la brecha de género se ha profundizado gravemente con la pandemia, a pesar de ser un problema constante de nuestra economía. Para el trimestre móvil diciembre 2020 a febrero 2021, la tasa de desempleo masculina fue de 11,7% y la femenina de 20,7%.

Sumado a lo anterior, se espera que la tasa de pobreza alcance valores superiores al 45%, contabilizando seis millones más de pobres por la pandemia. Por todo esto, resulta inaudito que hasta ahora los invitados a debatir la reforma tributaria no hayan sido los más afectados por la inequidad y la ineficiencia de nuestro sistema tributario ni los encargados de solucionarlo.

Desde mediados de marzo estamos esperando que se radique la reforma tributaria para la recuperación de la economía. De hecho, el Gobierno ha manifestado las necesidades de caja del Estado, argumentando que solo hay para “seis o siete semanas” aproximadamente. La reforma que presentará el Gobierno, buscará recaudar $25 billones, como mínimo.

Esta sería la reforma tributaria número 13 en los últimos 20 años. Contrario a las declaraciones del presidente Duque, en las que califica el proyecto como de financiación, va a haber modificación en los impuestos y gastos. El Gobierno no ha sido transparente con las intenciones de la reforma, ni con su contenido.

El principio de legitimidad tributaria encuentra una manifestación en la frase “No taxation without representation”. Esto es, la legitimidad de los impuestos viene del consenso que nace de un ejercicio legislativo transparente, participativo y democrático. Es claro que no se puede apoyar, o no, una tributaria sin conocerla plenamente.

Los congresistas de las comisiones económicas, y los ciudadanos a los que representamos, aún estamos esperando que nos hagan parte de la discusión formal de la reforma tributaria. El Gobierno no puede olvidar que primero el deber con la ciudadanía y no la politiquería.