¿El Gobierno va a ser capaz de cumplir con el aumento de las transferencias a los gobiernos locales de 23% a 39,5% de los ingresos corrientes, como manda la Constitución? Para abordar esta pregunta vale la pena mirar la evolución de los gastos del Presupuesto Nacional. En el gráfico se encuentra que es el gasto social el rubro que más ha crecido. Ha pasado de representar alrededor de 10% del PIB a comienzos del siglo XXI a cerca de 14,5% en los años 2023-2024.

El gasto en servicio de la deuda es alto, el segundo en importancia, aunque su nivel es inferior a los primeros años del siglo. Se sitúa en 5,5% del PIB en 2024. Pero una característica de ese servicio es el alto pago de intereses de la deuda interna, que corresponde a los bonos que emite el gobierno, los TES.

En conjunto la participación de los gastos de la Nación sobre el PIB ha permanecido estable, alrededor de 27% del PIB, con altibajos, mientras que los recursos tributarios han oscilado alrededor de 14%. Esto significa que la dificultad de financiar el gasto con impuestos es resultado de la incapacidad del país de aumentar su recaudo.

Surge la pregunta de por qué la sociedad se resiste a pagar impuestos. La principal razón es que la mayoría de las personas en Colombia ejercen su actividad económica por fuera de la legalidad. Cerca de 60% de la Población Económicamente Activa está en la informalidad, y allí no se pagan impuestos porque se carece de derechos sociales. A ello hay que sumarle las economías criminales.

En el caso de las economías criminales, el Gobierno no puede participar de las rentas del narcotráfico ni de la minería ilegal porque son actividades delictivas, pero debe destinar una parte importante de los recursos que recauda con la tributación de la economía formal para combatir esas actividades a través de los aparatos de seguridad y justicia. Las rentas criminales financian aparatos armados para disputarle al Estado el control de territorios y poblaciones. El Estado no dispone de esas rentas, pero debe combatirlas. Eso genera un desbalance entre los ingresos y los gastos, que la comunidad internacional debería reconocer porque esta lucha se hace a nombre de la humanidad.

Además de la dificultad para generar los recursos tributarios está el hecho que los gobiernos locales carecen de bases gravables importantes, las cuales están en la Nación. Por esto el gobierno nacional cedió los recursos a través de las transferencias, pero los giró etiquetados lo que eliminó en la práctica la autonomía local. Esa forma de asignación llevó a una poca participación de la comunidad en el acceso de los recursos, y el proceso terminó en la “la aparición del batallón de contratistas” detrás de los cuales estaban los carteles de la contratación ligados a los intereses politiqueros, y en las zonas de conflicto a los grupos armados.

*Las opiniones manifestadas en este artículo no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Son formuladas a título personal.