A escasos 45 días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso, se observa con extrema preocupación un escenario que creíamos haber superado: la captura y coacción de la voluntad popular por parte de los grupos ilegales.

La advertencia de la MOE sobre un incremento de 179% en la violencia contra líderes políticos y el aumento en la presencia de grupos ilegales de 150 a más de 600 poblaciones, es el preámbulo de un plan sistemático de constreñimiento en todo el país.

El “Efecto Bumerang” de la Paz Total, hizo de estos fracasados procesos sin reglas jurídicas y líneas rojas, aunado a los continuos ceses al fuego, una plataforma de fortalecimiento territorial, táctica y financiera para el crimen organizado: hoy son más de 25.000 integrantes, la cifra más alta de armados ilegales en la historia del país. La “carnetización” impuesta en el sur del país, Antioquia y Norte de Santander no es otra cosa que el censo del victimario para asegurar que el 8 de marzo no haya votos “disidentes”. El cese al fuego y la negociación se convirtieron en el escudo detrás del cual se perfecciona el constreñimiento y el fraude electoral.

A un mes y medio de las elecciones presenciamos un plan donde cabecillas, mediante audios, panfletos y pasacalles, sentencian los territorios de tres formas. Primero, con vetos explícitos donde prohíben a candidatos de oposición, entrar a zonas como Cauca, el Catatumbo o Arauca. No los veamos como zonas alejadas: para Iván Mordisco - que ya llamó a toda la cofradía del crimen a unirse para enfrentar a EE.UU. -, no costará nada realizar la misma convocatoria criminal para declarar un constreñimiento generalizado en todo el país. En este escenario tampoco es descabellado advertir la preparación de atentados contra candidatos, como el que cegó la vida de Miguel Uribe Turbay.

Segundo, mediante un favoritismo direccionado. Las presiones a las Juntas de Acción Comunal para “apoyar” las listas de candidatos que quieren dar continuidad al nefasto proyecto político del gobierno, que sumado a las declaraciones donde Calarcá y los cabecillas del ELN abiertamente han manifestado su respaldo, son una burla al país y al proceso electoral. Y tercero, en prospectiva, produciendo terrorismo indiscriminado: toma a poblaciones - como en Suárez (Cauca) la semana pasada -, atacando la Fuerza Pública con drones y explosivos, y finalmente, ejerciendo violencia sobre la población, generando miles de desplazados como persisten un año después en el Catatumbo.

Los grupos ilegales saben que muy pronto el escenario les puede cambiar radicalmente y para ello se emplearán a fondo para defender la impunidad que viven y disfrutan, y lo harán con lo que mejor saben hacer: violencia, terrorismo y “guerra a muerte”, para evitarlo.

La respuesta debe ser estratégica y no solo táctica. Una combinación de fuerte generación de opinión con acción institucional conjunta. Se deben encender todas las alarmas desde el Consejo Nacional Electoral, para que no actúe solo como una instancia formal, sino en conjunto con la Registraduría, la MOE, las altas cortes, medios y academia, combinando no solo sus recursos técnico-jurídicos, sino los políticos y especialmente los de opinión: exigir permanente vigilancia, mecanismos de verificación y acompañamiento internacional. Estos grupos deben quedar develados ante el mundo como lo que son: criminales en listas de búsqueda como delincuentes especialmente designados, nada de revolucionarios románticos con falsas intenciones de paz, así llevan engañándonos más de medio siglo.

A nuestra Fuerza Pública todo el respaldo; sabemos que están preparados y comprometidos en cuidar las elecciones. Como lo señalé en la última columna del año pasado: “Atentos para 2026: estamos advertidos”, la historia juzga a los hombres no por sus intenciones, sino por sus decisiones y acciones, a quienes tienen la oportunidad de proteger la nación. En ustedes hoy más que nunca, reposa la protección y la vigencia de la democracia, el país y sus instituciones.