En medio de una de las más graves amenazas al Estado de Derecho, producto de la imposición de una emergencia económica para captar y desviar recursos públicos para aceitar la maquinaria electoral, el impulso a una Asamblea Constituyente que no busca otra cosa que cambiar el modelo de país y finalmente, una multicrisis generalizada donde confluye el insostenible presupuesto público, salud, educación, energía, seguridad y hasta las relaciones internacionales, será el escenario donde se moverá Colombia el próximo año.

No realizaré cábalas electorales. Está probado que el futuro presidente de Colombia se define a escasos meses de la elección. Lo que sí es innegociable es la urgencia de proteger con el peso de nuestro voto y mediante la acción institucional del Congreso y las altas Cortes, una propuesta que garantice la vigencia del Estado de Derecho como lo conocemos: que defienda las libertades, la seguridad, la democracia, el equilibrio de poderes y la propiedad privada.

Una constituyente que está proponiendo limitar la autonomía del Banco de la República, la creación de un tribunal ad hoc, paralelo a la Corte Constitucional, así como “zonas especiales productivas” donde el Estado decida el “reparto de las ganancias”, así como el otorgamiento de nuevos beneficios para los violentos, es prueba del cambio descarado del país como lo conocemos. Una emergencia económica sin una causa sobreviniente, decretada en un periodo donde la Corte está impedida para pronunciarse sobre su legalidad, denota lo que serán los siguientes meses: escaramuzas jurídicas, trampas y decisiones a espaldas de los ciudadanos, así como la permanente amenaza de movilizar gente a las calles.

En salud el gobierno sigue sin acatar la orden de la Corte de ajustar la UPC que permite a los pacientes subir el cupo que cubre su atención médica, profundizando la crisis en hospitales, servicios suspendidos y deudas crecientes. En la educación además del desfinanciamiento del ICETEX que ayudaba en crédito a jóvenes de escasos recursos, se suma la indebida intromisión para la elección de rectores y el nombramiento de militantes ideológicos del gobierno en los consejos superiores universitarios, incluso a miembros de inteligencia de la DNI en la Universidad de Antioquia, destruyendo el mérito y la autonomía universitaria. De fondo un solo fin: crear otro frente para movilizar masas, provocar disturbios y lo que denominan la “constituyente universitaria”.

En seguridad, el panorama es inquietante. Un coctel explosivo de cultivos ilícitos desbordados, permanentes “paros armados”, el aumento del homicidio y los grupos ilegales -el más alto de la historia-, con más de 25.000 delincuentes alzados en armas, así como la extensión de procesos de paz sin reglas claras, donde los ilegales seguirán concentrando poder y control en el territorio hasta los días de las elecciones, atizan y se suman a un clima generalizado de desestabilización del orden público para el primer semestre. Como he reiterado, militares, policías, fiscales, gobernadores y alcaldes siguen solos haciendo frente a la compleja situación de seguridad en ciudades y regiones.

Esta situación de desgobierno, falta de confianza y trampas a las reglas de la democracia, deriva en consecuencia un pobre crecimiento económico que no superará el 2,7% y que sigue siendo insuficiente para atender más que las demandas sociales, las necesidades de inversión para el desarrollo: infraestructura, tecnología y servicios. A la compleja crisis fiscal, se suma el estancamiento producto de decisiones erradas en política económica. La informalidad persiste y la inversión privada sigue a la espera de señales claras de estabilidad y reglas de juego confiables. Además, en año electoral, la tentación del gasto sin respaldo presupuestal puede resultar muy peligrosa.

El 2026 no está escrito. Los escenarios no son destinos inevitables, pero sí advertencias. Colombia puede optar por el fortalecimiento institucional para recuperar la senda del desarrollo o dejarse arrastrar por cuatro años más de improvisación, destrucción de las instituciones y violencia. Las elecciones no solo elegirán un gobierno; definirán si el país es capaz de corregir el rumbo. La historia juzgará no solo a quienes gobiernan, sino también a quienes teniendo la oportunidad de proteger el país, no lo hicieron con un voto responsable. Al final, más allá de ideologías y campañas, lo que estará en juego será algo mucho más esencial: la estabilidad de Colombia y el futuro para nuestros hijos y familias.