Se acerca la discusión del salario mínimo para 2026, no sin antes estar precedido de anuncios populistas que hablan de salarios cercanos a los 2 millones de pesos o de enarbolar banderas de justicia social para el trabajador. Los colombianos no podemos ser ingenuos, anuncios de este tipo solo buscan ganar votos en época electoral, que siguen alimentando el odio de clase entre empresarios y empleados, cuando se necesitan mutuamente y así enfrentar los retos inflacionarios y de crecimiento económico para el próximo año.

En principio, el gobierno nacional ha propuesto un aumento del salario mínimo superior al 10 %. Aunque la medida la presentan como un “triunfo social”, el análisis técnico revela tensiones profundas entre el bienestar inmediato del trabajador y la estabilidad macroeconómica del país, es una especie de placebo de corto plazo que engendra una enfermedad crónica. La discusión exige franqueza con la ciudadanía: un ajuste salarial que está muy por encima de la inflación -casi el doble- y la productividad, ha demostrado que termina golpeando precisamente, a quienes se busca proteger. Lo explico a continuación.

Hoy Colombia enfrenta una inflación cercana al 5,5 % anual. Este índice, aun moderado frente al pico inflacionario de los últimos años, sigue siendo sensible a presiones de costos. El gobierno no explica ni enseña a ese trabajador que dice defender, que el salario mínimo indexa o sube automáticamente las tarifas del transporte, cuotas moderadoras en salud, multas, trámites notariales y judiciales, así como múltiples tasas que se pagan por servicios.

Por eso, si el salario mínimo sube en dos dígitos -especialmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio, servicios, transporte, restaurantes y hotelería- las empresas ajustan sus precios para sostener esos costos y sobrevivir como empresa, lo que nuevamente enfrenta al empleador a subir los precios de consumo o despedir. Esa reacción inmediata es el primer canal de transmisión hacia una nueva ronda inflacionaria.

El segundo canal es el empleo. La teoría económica lo explica: cuando el costo laboral se incrementa de forma abrupta en mercados con alta informalidad y baja productividad como el colombiano, las empresas pequeñas reducen contrataciones, congelan expansiones o migran a esquemas informales. Ya estamos en cerca del 70% de empleo informal o de mala calidad. Mejor dicho, una decisión que pretendía mejorar el ingreso del trabajador termina expulsando a miles del mercado laboral formal.

El tercer canal es la política monetaria. Un aumento salarial que supera ampliamente la inflación esperada alimenta las expectativas de nuevos aumentos de precios. Para 2026 se espera que se mantenga por encima del 5% con un crecimiento muy regular por debajo del 2%. El Banco de la República, en consecuencia, se ve obligado a mantener o incluso endurecer su política, dejando las tasas de interés altas por más tiempo. Este escenario encarece el crédito, ralentiza la inversión y debilita el crecimiento económico.

Los gremios privados, en particular FENALCO, han advertido sobre la falta de soporte técnico en la negociación del salario mínimo. De hecho se retiraron de la mesa de concertación del mínimo, establecida por la ley, al denotar que se quiere imponer ese incremento, sin tener en cuenta a los empresarios que ya han tenido que ceder con la última reforma laboral que incrementó los costos de contratación, eso sin sumar las contribuciones adicionales producto de la reforma tributaria de 2022.

De fondo, se trata de la necesidad de conciliar la protección al trabajador con la sostenibilidad macroeconómica. La ausencia de análisis sectoriales y de mecanismos compensatorios afecta a las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial colombiano y operan con márgenes estrechos.

Subir el salario mínimo es necesario en un país con inequidades persistentes. Pero hacerlo sin ruta técnica y sin medidas paralelas de formalización, productividad y alivios temporales para las Pymes puede convertir una intención social en una distorsión económica de amplio costo. Para mejorar el ingreso se debe primero impulsar el sector privado para que pueda producir más y mejor empleo bien remunerado, generar confianza, apoyar el emprendimiento y la creación de empresa, en vez de cuestionarla sin fundamento, so pretexto de rechazar ideológicamente el capitalismo. No se trata de elegir entre justicia social o estabilidad macroeconómica; se trata de no sacrificar una en nombre de la otra.