'Iván Mordisco' burlándose del país: logró ponernos a discutir y cuestionar una acción militar legítima contemplada en el marco del Derecho Internacional Humanitario – DIH. Ahora resulta que los malos de la película son los militares, por actuar apegados a la ley y sustentados en el derecho internacional de los conflictos armados que permite usar la fuerza letal contra objetivos legítimos, incluso si son menores de edad, que por el solo hecho de participar en las hostilidades, los convierte automáticamente en combatientes.

En derecho comparado, los conflictos de Uganda, Sudán del Sur y El Congo donde los estados se enfrentaban a milicias integradas por menores de 15 años, la doctrina jurídica internacional de la Comisión Internacional de la Cruz Roja – Cicr, ratificó que tratándose de menores que portaran armas, cumplieran funciones de combate e integraran unidades tácticas, eran objetivos militares válidos. Se trataba de proteger la vida de quienes no participan en hostilidades y de las fuerzas del orden.

Los artículos 51 y 13 de los protocolos adicionales I y II a los convenios de Ginebra, respectivamente, habilitan la acción militar contra civiles “salvo y mientras participen en hostilidades”, dentro de los que se encuentran menores en calidad de combatientes. Por el contrario, la carga de responsabilidad la tienen los grupos ilegales que de acuerdo al artículo 4 (3)(c) les prohíbe reclutar menores de 15 años en grupos armados no estatales. Ellos son los criminales, sobre ellos debe recaer el juicio de opinión, no sobre las fuerzas del orden. No nos confundamos.

Desconocedores de la norma quienes piden suspender los bombardeos, pues sería invitar a la omisión a nuestra Fuerza Pública. Se equivocan. Sólo nuestros militares y policías conocen y viven las amenazas que enfrentan todos los días en Colombia. No tienen las armas que les otorgó la Constitución para tenerlas guardadas ni de adorno, son para emplearlas bajo el amparo de la ley contra las amenazas del orden y para proteger a la población.

Erróneamente se argumenta el principio de proporcionalidad, cuando en el DIH se encuentra definido por el concepto jurídico de ventaja militar, que explica que no es necesaria una relación entre agresión y ataque, sino que sustenta su acción en la legítima actuación de las fuerzas de orden para abatir un objetivo por su condición de combatiente al margen de a ley y además, por el riesgo potencial que tienen de atacar y cometer incluso, crímenes de guerra contra la población civil o miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo el argumento jurídico más poderoso en DIH es la figura de la perfidia, que se define como el acto que engaña al enemigo, fingiendo confiar o estar protegido por las normas del DIH, con la intención de atacarlo. Esto es precisamente lo que buscan los terroristas, llenarse de menores como escudos contra los bombardeos para que no los ataquen y así seguir usando sus campamentos para entrenar y preparar explosivos como ocurrió en Cali y Cauca este fin de semana o instrumentalizarlos como en el atentado contra el precandidato Miguel Uribe y así seguir intimidando a los colombianos, buscando maniatar a las fuerzas. De ahí el concepto de ventaja militar, que la tienen las fuerzas de orden, porque son autoridad, porque son legítimas, porque representan el Estado.

También así lo ha ratificado la Corte Constitucional en las sentencias C-291 de 2007, C-781 de 2012 y SU-020 de 2022, donde señala que si bien el reclutamiento ilícito no resta la condición de víctimas de menores, también reitera que el DIH permite la acción militar cuando estos participan directamente en las hostilidades, indistintamente de su condición de víctimas.

En el análisis táctico del hecho en cuestión, como se dio a conocer a la opinión, se identificó una amenaza letal en una columna de entre 100 y 150 terroristas que pretendían atacar una unidad militar, donde previamente habían causado desplazamiento forzado a la población y atentado contra el alcalde de Calamar, también habían asesinado 8 líderes sociales y religiosos reportados como desaparecidos desde hace varios meses, entonces: ¿qué más había que esperar … que masacraran a nuestros militares? Como ocurrió en el mismo departamento meses antes con los 7 soldados asesinados por las disidencias de Calarcá, en diálogos de paz con el gobierno y con absoluta impunidad?

Ahora se rasgan las vestiduras buscando responsables, apuntando contra los uniformados que con valor enfrentan riesgos que los políticos no asumen sencillamente porque desconocen las reglas del derecho operacional y los esfuerzos de la Fuerza Pública para proteger la vida de sus compañeros, en este caso, en riesgo de ser emboscados por un número superior de terroristas.

Lo peor es que nuevamente se politiza la seguridad y a las fuerzas. Se está dejando un pésimo precedente para el gobierno venidero, que con seguridad tendrá que acudir a estas herramientas amparadas por el DIH para recuperar la seguridad en territorio y a las que sí le temen los cabecillas. Así las cosas, ningún comandante, piloto, comando u hombre de inteligencia va a querer desarrollar operaciones contra estos criminales, porque inmediatamente será sujeto del juicio y la exposición mediática, política y jurídica, esa que trunca sus carreras y los persigue muchos años hasta que logran demostrar que actuaron en cumplimiento de la ley y las normas del DIH.

Es una torpeza emplear esta acción para atizar el debate político, indistintamente de la orilla política de donde provenga, porque será en el futuro próximo en donde habrá que jugársela a fondo, con todas las herramientas disponibles y medidas excepcionales, para recuperar el malogrado orden público que afecta regiones y ciudades. La vida de nuestros militares, policías y la población está por encima de los terroristas, de aquel que usa la violencia para matar, secuestrar y colocar bombas, son estos los que se alzan en armas para burlar la ley, no la Fuerza Pública, ellos son autoridad, no los criminales. No se puede seguir invirtiendo el orden de los valores y la ley.