El crecimiento sin precedentes en los cultivos ilícitos, llegando a 253.000 hectáreas (ha.) según cifras de Naciones Unidas (Simci), la más alta en la historia del país, plantea uno de los desafíos más críticos para la producción agroindustrial y la seguridad nacional de las últimas décadas. A mayor cultivo, mayor producción, reportando también un incremento de 53%, al pasar de 1.738 a 2.664 toneladas (tn.) métricas de cocaína.

Analicemos las cifras. El precio de un kilo de cocaína puesto en el exterior oscila sobre los US$40.000, restando los costos de cultivo, producción, intermediarios y transporte (primeros eslabones de la cadena, que ocurren y se pagan en Colombia), se pueden estimar en unos US$5.000. Por ende, la utilidad neta sería de US$35.000 por kilo (US$35 millones por tonelada), que en un potencial de producción anual de 2.664 tn., representaría una ganancia aproximada de US$90.000 millones. Exorbitante.

La hoja de coca amenaza la agroindustria porque desplazó y superó el área cultivada de productos como la caña de azúcar (241.000 ha. aprox.), el banano (111.977 ha.) y el aguacate (135.276 ha.), como bien lo reporta este diario económico.

Además, creció bajo la modalidad agroindustrial como consecuencia de la presencia activa y protección a las zonas de cultivo que hacen las disidencias y el Clan del Golfo, también por el cese al fuego que los hace intocables en esos territorios, reinvirtiendo ese capital acumulado en los últimos dos años, periodo donde más crecieron. En 98% de los cultivos ilícitos, existe por lo menos un grupo ilegal (Fuente JEP).

También, al tecnificarse la producción, se redujeron los tiempos de elaboración de la droga. Dependiendo del grado de pureza que exija el comprador -el dealer-, a mayor capacidad económica para pagar por un proceso químico más rápido, mejora la pureza de la droga, recibiendo más dólares por kilo, al hacer su cocaína de mejor calidad.

Los cultivos ilícitos amenazan la agroindustria, porque con esos márgenes de utilidad, hacen que la sustitución no sea atractiva para el campesino, como le increparon al gobierno en su visita a El Plateado. Además, ante el escenario hipotético y no comprobado de efectividad de la legalización, la coca entraría a competir en las mismas condiciones que los otros productos agrícolas y aún así, la rentabilidad sería superior, por las condiciones de precio y demanda de consumo internacional de la droga.

Por eso, la propuesta de compra de hoja de coca, sin ningún estudio técnico de costos, ni un análisis del impacto en las comunidades, lo que hace es incentivar la producción en zonas donde no hay control territorial del Estado, enriqueciendo aún más los grupos ilegales, fortaleciéndolos y reproduciendo más crimen y violencia en las regiones.

Urge una respuesta bajo un modelo de seguridad de Estado, más allá de los discursos idealistas en escenarios internacionales, que equilibre un plan de macro-desarrollo industrial de economías lícitas en esas regiones y una fuerte interdicción. Pues con el estancamiento de la economía, el desmadre de los cultivos ilícitos está poniendo en riesgo la agricultura y a los campesinos, quienes constreñidos por los ilegales y sin otra opción sustentable, se encuentran en u n sin salida de la que solo ganan los criminales y pierde la seguridad. Costará mucho recuperarla. El análisis en la próxima columna.