El impacto del incremento de los cultivos ilícitos en la seguridad, deriva dos perspectivas de análisis. La primera en la falta de control territorial del Estado. Si en algo se hizo énfasis para el posconflicto, más allá de la desmovilización y reintegración de los combatientes, era garantizar un copamiento rápido y eficiente de la institucionalidad en esas regiones, para evitar que fueran “retomadas” y revictimizadas por nuevos grupos ilegales.

Hoy con unas disidencias, ELN y Clan del Golfo, que han aprovechado el proceso de paz para crecer y fortalecer sus aparatos criminales, la gobernabilidad territorial está en juego, pues la presencia de estos grupos criminales bloquea la implementación los proyectos de sustitución o cualquier iniciativa de mandatarios locales o la comunidad para salir de la ilegalidad. En 42% de los municipios con narcocultivos se presentaron homicidios contra personas que ejercen como líderes sociales en 2023 (Fuente JEP).

Además, el ropaje del cese al fuego, impide acciones efectivas de la Fuerza Pública contra sus cabecillas, quienes dirigen y conocen el negocio. Hace mucho tiempo no se golpea un objetivo de alto valor estratégico.

Esto deriva un crimen organizado más fuerte, financiado y tecnificado. Los ataques de drones con explosivos, que eran una acción impensable hace unos años, confirma que no solo invierten en coca, sino en armamento y técnicas belicistas sin límite, regresando a niveles de violencia que no se presentaban sino en la peor época del conflicto armado.

En 16 departamentos se reportó incremento de la hoja de coca, la mitad del país. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que 48% de los cultivos ilícitos, se localiza en áreas de manejo especial: resguardos indígenas, reservas forestales y parques naturales, lo que por su condición, impide realizar interdicción y limita exclusivamente a la erradicación con unas restricciones especiales de orden legal, geográfico y ambiental.

El segundo factor, es la creación de una perversa relación de dependencia funcional. Los ilegales ejercen un doble rol: constriñen al campesino estableciendo un vínculo de carácter obrero-patronal, y a su vez, desarrollan un rol de inversionistas en las mejoras de la producción, logrando una mayor eficiencia en el encadenamiento del proceso, lo que explica el crecimiento del cultivo agroindustrial. En ese sometimiento al campesino, difícilmente se puede sustituir por otro cultivo que no sea el que imponga el ilegal, que es quien conoce el negocio y conecta las rutas con el mercado de consumo.

Por estas razones, es que propuestas como la compra de la coca, sustancia sujeta a fiscalización internacional, de la que Colombia no se puede subsumir y sin claridad en la forma de adquisición, almacenamiento o destrucción, se derivan peligros gravísimos para la seguridad. Incrementa las ganancias de los ilegales al tener “asegurada” la compra, pone en desventaja a la Fuerza Pública y golpea la moral de militares y policías en esas regiones, exponiéndolos a la protesta social violenta y a las acciones terroristas.

Carecer de un modelo de seguridad, contra el problema ya estructural de los narcocultivos, que parta del control territorial y de donde se desprenda toda una acción económica institucional, hace perder la iniciativa estratégica contra los ilegales y prolonga el rescate de la gobernabilidad que tanto reclaman los mandatarios locales. La invitación es a pensar desde ya en ese modelo marco, para que una vez exista voluntad política y el respaldo jurídico-operacional a la Fuerza Pública, se logre recuperar la tendencia decreciente a los cultivos lograda hace unos años y por ende, la seguridad en las regiones. Es posible.