Hubiese querido dirigir esta columna sobre temas menos dolorosos de país, pero me es imposible, ante la continua pérdida de vidas de soldados y policías a la que asistimos cada semana, sin una respuesta política seria y contundente en materia de seguridad, sin norte ni estrategia y peor aún, degenerando en un grave deterioro social y humanitario, que sufren con mayor crudeza las comunidades en las regiones.

En las últimas semanas, si bien la opinión nacional estaba concentrada en temas relevantes de la agenda que requieren vigilancia ciudadana y control político, como la falta de ejecución presupuestal que tiene en vilo la educación superior, la posibilidad que reviva la reforma a la salud, la aprobación de la laboral e incluso una nueva tributaria, pasamos por alto la situación ya crónica de pérdida de control territorial que empodera a los grupos ilegales y los fortalece estructural, financiera e incluso políticamente.

La más reciente dejó dos policías lesionados por la activación de una motocicleta bomba en el peaje de Pamplonita en Norte de Santander. Días antes, en su capital Cúcuta, fue atacado con explosivos un camión que transportaba soldados y tan solo hace una semana, cinco militares murieron por un ataque terrorista en Anorí (Antioquia), mientras protegían exguerrilleros reincorporados y sus familias en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - Aetcr. Todas estas acciones atribuidas al ELN.

Por su parte, en Putumayo, el Ejército confirmó la muerte de 11 integrantes de disidencias de las Farc, confrontados entre estructuras que hacen parte del proceso de “paz total” ... qué contradicción. No se entiende cómo pese a la vigencia del decreto 1280 de cese al fuego, los ilegales lo continúan violándolo flagrantemente, cometiendo homicidios colectivos, extorsionando hasta al más humilde tendero y traficando droga descaradamente.

Tampoco podemos olvidar que hace apenas 15 días, el teniente de la Policía, Jorge Humberto Muñoz, fue asesinado por el ELN en el Sur de Bolívar. Entre los miembros de los comandos Jungla a donde pertenecía el oficial, fue despedido con una mezcla de dolor e impotencia, ante el cinismo envalentonado de los grupos ilegales, el silencio y la inacción política que expone impunemente la vida de nuestros uniformados.

Ruego a la sociedad que estos hechos no pasen desapercibidos, la angustia y el clamor en las regiones no encuentra eco más allá de unos gobernantes regionales y locales responsables con su mandato, que con preocupación buscan fórmulas que van desde esfuerzos para el financiamiento a la seguridad procurando mejorar capacidades, hasta el bienestar de militares y policías, pero que sin voluntad política del gobierno, sin mensajes de respaldo jurídico y operacional a la Fuerza Pública, hacen difícil lograrlo.

Preocupa mucho, porque en vísperas de año preelectoral, es seguro que los grupos ilegales harán todo lo posible por impedir el ejercicio democrático y el desarrollo de las campañas. Por una parte, buscarán amedrentar al candidato opositor o aquel que su propuesta se base en la recuperación de la seguridad; y por otra, favorecer y constreñir el voto por quienes cohonestan con estos grupos criminales y a la vez desafían la institucionalidad, pues entorpece la ilegalidad en la que se desenvuelven.

Como lo he venido reiterando con rigor metodológico, es fundamental avanzar en la construcción del modelo de seguridad de cara a 2026 -con las características descritas en mi columna del 26 de septiembre- y mientras tanto en lo regional, con valentía y resiliencia, continuar respaldando a los gobernantes, alcaldes y representantes, rodeando nuestra Fuerza Pública y rechazando no solo a los violentos, sino a quienes callan y omiten su responsabilidad frente al reclamo de la ciudadanía.