El reciente fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, confirmó jurídicamente lo que durante años se tergiversó con narrativas justificativas de la protesta: que el mal llamado estallido social no fue una expresión espontánea de inconformismo, sino una estrategia criminal de terrorismo urbano. Quienes apoyaron y donaron cascos a las primeras líneas, justificaron la destrucción de bienes públicos, los saqueos, la invasión a la propiedad y la quema de policías en los CAI, no solo lo aprovecharon con fines electorales: eran conscientes de su estrategia política de agitación violenta para lograr el poder y convertirse en el actual gobierno.

La providencia confirmó no solo las condenas contra integrantes de estas estructuras, sino que los hechos violentos ocurridos en Bogotá fueron coordinados por células urbanas de las disidencias de las Farc, las mismas dirigidas por alias Calarcá y que hoy continúan contentas y orondas en diálogos de paz; aquellas que asesinaron la semana pasada al joven periodista Mateo Pérez en Briceño (Antioquia) y que continúan impunemente cometiendo delitos y sometiendo a la población a la violencia.

La trascendencia jurídica de esta decisión es enorme. Primero, porque se trata de una sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, lo que consolida una valoración probatoria robusta que corrobora la comisión de los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Es decir, nada de estallido, ni de social, ni de espontáneo: es crimen puro y duro, promovido por sectores políticos. Segundo, porque al quedar en firme respecto de los condenados, produce efectos de cosa juzgada material.

Tercero, porque el fallo corrobora una estrategia política: aquella en la que sectores radicales amenazaron al anterior gobierno, en plena pandemia, con estar en las calles bloqueando y generando caos, lo que se materializó mediante una insurrección urbana, el bloqueo de las ciudades y una narrativa en redes, mediante el uso de granjas de bots, bodegueros e influencers pagos y financiados incluso por países de régimen comunista, como se develó hace unos meses.

Pero quizá lo más importante sea su impacto legal. Aunque en Colombia la jurisprudencia vinculante estricta proviene principalmente de las altas cortes, las decisiones de tribunales superiores generan precedentes jurídicos que orientan las decisiones judiciales futuras en este tipo de casos, que se deben atender. Este fallo introduce una tesis jurídica y política que debe llamar la atención: que la protesta social fue movilizada por grupos ilegales y auspiciada por sectores políticos, a costa de la pérdida de vidas y graves perjuicios económicos, a la propiedad y a las libertades ciudadanas.

La sentencia confirma los patrones de operación de las estrategias de agitación urbana de otros países latinoamericanos durante la última década. En Chile, durante las protestas violentas de 2019, se confirmó la participación de grupos y redes violentas para destruir la infraestructura crítica. En Ecuador, durante 2019 y 2022, el gobierno denunció intentos coordinados de desestabilización institucional mediante bloqueos, sabotajes y violencia organizada. En ambos casos coexistieron la ideología y el caos como medio para lograr su único fin: alcanzar el poder por la vía de la violencia y el terrorismo.

En Colombia, esta decisión judicial corrobora la utilización de narrativas de extrema por parte de sectores radicales que históricamente han utilizado la movilización violenta, con apoyo de grupos ilegales, como herramienta de presión política. Este fallo lo confirma.

A semanas de las elecciones, no se puede descartar la repetición de este patrón: la reactivación de las primeras líneas con apoyo del crimen organizado, con el fin de incendiar de nuevo el país, usando el pretexto de que habrá fraude, preparándose para lo inevitable: su salida del poder, en medio del desgreño descarado de las finanzas públicas, la corrupción, la incompetencia y la complacencia con el crimen.

Ahora, la campaña presidencial girará alrededor de otra pregunta: ¿acudirán a la violencia desbordada contra la propiedad y los bienes públicos, mediante el terrorismo urbano, si pierden las elecciones, inventándose un fraude inexistente?