Cuando escribía esta columna sentía una profunda desilusión. Quienes asediaron a los peores criminales en la historia del país, incluso a costa de su vida, hoy son perseguidos y condenados, mientras que aquellos que arrasaron poblaciones dejando viudas y huérfanos, reclutaron y violaron niños, encerraron y asesinaron en campos de concentración a militares y policías al mejor estilo nazi y secuestraron miles de colombianos, están en el poder, legislando, dando cátedras de moral y dizque de respeto a la justicia: se les olvida que fueron ellos quienes se tomaron y quemaron el Palacio de Justicia en 1985 … en fin… el orden invertido.

La decisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el solo hecho de ser emanada de un juez de la República, debe ser respetada. Corresponde ser coherente con los principios de la democracia: la división y el respeto por los poderes públicos. Lo que es inaceptable en esta, como en cualquier otra decisión, es la politización e instrumentalización de la justicia para tomar venganza.

Lo peor es que crea un ambiente de incertidumbre, que amenaza tanto la probidad y el rigor jurídico de aquellos magistrados, altas cortes, fiscales e investigadores que procuran mantener la imagen incólume y solemne de la administración de justicia, como la confianza de los ciudadanos en ella, que se pone en serio riesgo. Es muy grave, porque pone en duda la imparcialidad y la verdad, es decir, amenaza los cimientos mismos en los que se funda la justicia y la democracia.

Durante años, se advirtió la estratagema de una narrativa sobre la justicia con agendas orientadas más a saldar cuentas históricas que a garantizar la verdad: la majestad de la justicia amenazada por ideologías. Hoy, la sentencia contra el expresidente Uribe confirma ese temor: la balanza ya no parece inclinada por el imperio del derecho, sino por la política y el ruido mediático.

Analizaba también, la respuesta de jóvenes activistas en redes a quienes se les preguntaba si sabían por qué condenaban al expresidente Uribe o si conocían los delitos que le endilgaban: no sabían, solo contestaban que era por “paraco”… A ese punto nos ha llevado esa narrativa del Gobierno desde la violencia de palabra. También se les indagó si sabían que eran las “tomas” a una población o una “pesca milagrosa” y respondían entre ingenuidad y burla que seguramente era algún episodio bíblico. Es imposible debatir cuando se desconoce la historia y sus protagonistas, cuando se carece de contexto y de capacidad de argumentación.

Obsérvese el bajo nivel de debate al que nos llevaron, construyendo por años un discurso de por sí violento: el que promueve la lucha de clases, en vez del trabajo colaborativo, el de las revoluciones, pero no del conocimiento y la innovación, el de las insurrecciones urbanas y no el de la construcción de valores cívicos para el desarrollo del país … anquilosados en discursos idealistas y revanchistas, buscando despertar bajas pasiones, vías de hecho y más violencia. Es el producto de años incubando odio y un relato de irrespeto a las instituciones, los valores y las tradiciones, para llegar al poder y una vez allí, arrasar todo a su paso.

El exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo lo concluyó con una frase contundente: “Colombia, el país donde los pájaros le disparan a las escopetas”. Es el retrato de un Estado donde quienes deberían proteger el orden y la ley están siendo desarmados, humillados y sentenciados por ejercer su deber. Mientras tanto, los victimarios, los señores de la coca, del secuestro y la corrupción, son convidados a manteles de la política, reciben cargos del Estado sin ninguna formación ni experiencia y se ríen con cinismo por las redes. Enfrentamos una absoluta inversión de valores.

Colombia atraviesa un momento de profunda tensión institucional, agravado por atentados contra candidatos, decretazos con nuevos impuestos, sin importar las posiciones de las altas cortes y del Congreso, un intento de reforma tributaria por tercera vez, la cifra más alta de cultivos ilícitos en su historia y la coacción política sobre la justicia. El caso del expresidente revela precisamente eso: un proceso lleno de inconsistencias, de filtraciones con cálculo político, de violación a la reserva de las comunicaciones entre el investigado y su abogado, de decisiones judiciales que coinciden con calendarios electorales y de una narrativa elaborada que sólo celebran los verdaderos enemigos de la nación: los violentos.

Cuando la justicia se convierte en instrumento de retaliación política, deja de ser justicia. Cuando se juzga con la lente del odio ideológico, no hay garantías procesales que sobrevivan. No puedo dejar de alertar desde estas líneas, con firmeza y sin ambages los riesgos para aquellos que disentimos, siempre con respeto y con argumentos, para la voz de la oposición, que ve seriamente amenazadas sus garantías democráticas.

Siempre en medio de las adversidades y persecuciones, he procurado mantener un ánimo optimista basado en la fe, la reciedumbre de las ideas democráticas y la fuerza transformadora de las instituciones, el estudio y el trabajo, pero debo reconocerlo: así están las cosas en Colombia. Aún así, no claudicamos, nos derriban pero no nos destruyen. Decía acertadamente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “Somos dueños de nuestra libertad, Dios nos cuide hoy, mañana y siempre”. Nos queda poner toda nuestra en confianza en Dios y en la honorabilidad de quienes representan la institucionalidad, para que pronto cese la horrible noche.