Ahora sí a sentir los efectos del incremento del mínimo muy por encima de la inflación prevista y de la productividad agregada en la economía, reavivando presiones inflacionarias que habían empezado a ceder. Las proyecciones económicas son claras: con esta medida la inflación se elevará a niveles negativos y tenderá a ubicarse entre e 7% y 10 % anual, con mayor afectación en el consumo de los hogares.

En la retórica del gobierno, el aumento del salario mínimo se presentó como una “deuda de justicia social”, pero cuando se observa con mirada crítica la realidad y el bolsillo de las familias y las empresas, se incrementa el costo de vida, se desmejora la capacidad adquisitiva. Iniciemos por el empleador o las empresas. Muchas no ven otra salida que trasladar un mayor precio a los bienes y servicios que ofrecen: desde un corrientazo hasta un producto comercial, de esta forma en economía, se alimenta la inflación, es decir el aumento sostenido y generalizado de precios.

El resultado es un círculo vicioso: el trabajador recibe más pesos nominales, pero con cada peso compra menos. El salario sube en el papel, pero se achica en el bolsillo. El gobierno insiste en que estas medidas reactivan la economía, pero la realidad muestra algo distinto: informalidad creciente, empresas aplazando contrataciones o en peor de los casos despidiendo o cerrando. ¿Cómo pueden sobrevivir las Pymes, un restaurante o salón de belleza promedio de barrio con 4 o 5 empleados si sus costos de nómina se incrementan casi 35% y la ganancia no supera 10%?

Así las cosas, cinco rubros impostergables subirán más rápido que los salarios: canasta familiar, alimentación, transporte, educación y servicios. Estas partidas, que configuran la mayor parte del gasto de las familias de ingresos medios y bajos, ya están experimentando alzas que traducen ese aumento salarial en mayor presión sobre el presupuesto familiar. Entonces, ¿a quién le sirve un aumento nominal si el valor de cada peso es menor? No lo duden, no es para el trabajador, es para el mismo gobierno con el fin de ganar adeptos y votos en época electoral; reitero, el salario sube, pero disminuye en su capacidad real de compra y los bienes esenciales encarecen su precio en proporciones mayores.

Vamos a la vivienda. Sea para la compra o arriendo, los datos del sector indican que la amplia brecha entre salario mínimo e inflación podría incentivar ajustes por fuera del marco legal y presiones adicionales sobre los precios de alquiler. Después que el gobierno improvisa, ahora sale a pedirle a los constructores que por favor no suban los precios o a los conjuntos residenciales que no suban la administración, como si no se incrementaran automáticamente los costos de mano de obra, los materiales, el salario para los vigilantes y personal de mantenimiento. Al no desindexar el mínimo, la vivienda VIS y VIP subirá también para hogares de bajos ingresos, postergando la posibilidad de tener casa propia.

Esta situación además, ajusta automáticamente matrículas, servicios públicos y otros costos regulados según la inflación, actuando como un multiplicador. No solo suben los precios, sino que se refuerzan entre sí, generando un efecto múltiple, haciendo que el impacto del alza se presente en varios frentes de consumo al mismo tiempo.

Este cuadro, que podría sintetizarse como una transferencia encubierta del problema inflacionario hacia el bolsillo de los ciudadanos, tiene además perversos efectos en la dinámica productiva del país. El sector financiero ha advertido que el ajuste desproporcionado del mínimo puede deteriorar aún más el empleo formal, pues estas medidas que actúan como un amplificador de presiones inflacionarias, complican el acceso al crédito en un contexto en el que las tasas de interés se mantienen altas como estrategia para intentar controlar la inflación.

El desafío no es ahora, salir a tratar de regular o desindexar bienes y servicios del salario mínimo, medidas que suenan bien en campaña, pero que tienen un grave impacto en la economía, sino construir un entorno económico estable que incentive productividad, crecimiento económico inclusivo y reglas claras para la inversión, donde el salario gane en términos reales y la economía no pague esa factura silenciosa de las decisiones antitécnicas y populistas.