La verdad del presupuesto

Revuelo ha causado la radicación del proyecto de PGN 2027, anunciado como un ejercicio de sincerar las cuentas. Sensato sí, espinoso y necesario también. ¿Cómo puede un gobierno que anunció austeridad presentar un presupuesto de $634,95 billones, superior en $59,3 billones al proyecto anterior, mientras el gasto de funcionamiento aumenta? Políticamente es contradictorio, pero técnicamente es un ejercicio riguroso e inevitable. Como en una empresa con déficit en su PyG (Pérdidas y Ganancias), hace parte de una difícil decisión de verdad contable y, en adelante, de disciplina de gasto, para recuperar el ingreso y luego la inversión, único camino para recuperarnos y crecer.

El proyecto de PGN 2027 asciende a $634,95 billones. Se divide en ingresos corrientes -que entran al Estado de forma permanente, como los impuestos- por $299,07 billones, y recursos de capital por $281,35 billones, que corresponden a venta de activos u otros. Ahora, ese presupuesto se distribuye en gastos de funcionamiento con $392,5 billones, servicio o pago de la deuda con $155,4 billones y $86,9 billones en inversión. Así las cosas, 62% del presupuesto se va en funcionamiento, 24% en deuda y apenas 14% en inversión.

Esta fotografía permite responder una primera crítica: sí, el funcionamiento sigue siendo extraordinariamente elevado, pero en el presupuesto presentado por el anterior gobierno, entre funcionamiento y deuda se incrementaba en $62 billones, mientras la inversión disminuía en cerca de $3,1 billones. Es decir, de los aproximadamente $59,3 billones adicionales del ahora nuevo presupuesto, dos terceras partes corresponden al doloroso reconocimiento de pago de deuda adquirida en los últimos años, y una tercera parte, a obligaciones de funcionamiento que no estaban adecuadamente presupuestadas.

El ministro de Hacienda ha explicado que el PGN es apenas la primera fase del ajuste. Después vendría un recorte de $21,9 billones y, posteriormente, una Ley de Ajuste Fiscal que buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB, aproximadamente unos $45 billones; una especie de operación en tres tiempos: primero, sincerar las cuentas; segundo, recortar y ajustar, y tercero, reformar estructuralmente. Solo así se evitaría llegar a una deuda de 82% del PIB, mejor dicho, que 8 de cada 10 pesos que produce el país se gasten solo en pagar deuda e intereses.

Si bien los $24,9 billones adicionales de funcionamiento son obligaciones que estaban ocultas o subestimadas, la verdadera discusión consiste en decidir qué parte de ese funcionamiento es ineludible y qué parte puede racionalizarse, porque funcionamiento no necesariamente significa burocracia. Allí se encuentran inflexibilidades como transferencias, pensiones, salud, seguridad, subsidios y otras obligaciones legales.

Pero también existen estructuras administrativas duplicadas, entidades ineficientes, programas públicos sin efectividad y corrupción, que, como ha adelantado el nuevo gobierno, demandan una supracapacidad de persecución penal y patrimonial, de trazabilidad tecnológica del gasto e inversión del recurso público, así como evaluación de su real impacto. La trampa que el gobierno debe evitar es la de reducir el gasto sacrificando la inversión. En una economía que necesita crecer, generar empleo de calidad, bien remunerado, y aumentar la productividad, el único medio probado es salir del atraso que tenemos en infraestructura y conectividad tecnológica, logística y productiva.

Se requiere menos Estado administrativo y más estratégico, menos gasto recurrente improductivo y más inversión con retorno en productividad y mejor empleo, pero también es urgente comunicar estas decisiones con lenguaje sencillo, entendible y al alcance del ciudadano, para evitar que las narrativas ideológicas, con su demostrada incompetencia, desdibujen esta dolorosa pero necesaria decisión fiscal, y dar a entender que si hoy no se hace nada, no habrá futuro ni mejora en la economía, esa que toca nuestro bolsillo con bienes y servicios más costosos, menor capacidad adquisitiva y mayores dificultades para mejorar el patrimonio y el ingreso.

El vicepresidente tiene razón en una cosa fundamental: la confianza comienza con la verdad. Revelar la realidad fiscal del país era difícil, pero imprescindible; no podíamos continuar con la ausencia de rigor técnico. Esta sería la primera etapa del plan de rescate de la economía para ordenar el desgreño de las finanzas públicas y así, luego, producir condiciones reales para el crecimiento y definitivo desarrollo del país.