Raramente se llega a una crisis fiscal con estruendo. Se consolida lentamente y en silencio, porque el ciudadano no entiende de tecnicismos, ni de política económica, solo hasta cuando siente que golpea directamente su bolsillo: inflación a 6,4% con tendencia al alza, desempleo en 8% que no cede y una inversión fija de apenas 1%. Estamos en una situación estructural de alto gasto y poca inversión, por ende, mínima caja para pagar una altísima reserva presupuestal comprometida. La pregunta para los cuatro años que vienen es ¿cómo recuperar la sostenibilidad fiscal, de los recursos para la salud, educación, seguridad e infraestructura, sin sacrificar el crecimiento económico?

Colombia enfrenta el mayor deterioro de sus finanzas públicas en décadas. El déficit fiscal superó niveles de pandemia; la deuda pública continúa una trayectoria ascendente y se aproxima a los $113 billones anuales; la inversión cayó a 16,6% del PIB, su nivel más bajo en veinte años; y el país perdió el grado de inversión, afectando la llegada de capitales y empresas, es decir, nuevo empleo. Cuando no hay cómo sostener las finanzas públicas, se debilita la capacidad para invertir y atraer. Ningún desarrollo es sostenible sobre un déficit permanente.

Las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) son claras: Colombia necesitará un ajuste cercano a 90 billones de pesos para estabilizar la deuda y poder crecer, porque estamos estancados. Sin embargo, pensar que semejante ajuste puede lograrse únicamente mediante una nueva reforma tributaria constituye un error estratégico que prolongaría la enfermedad. En este contexto cobra especial relevancia la propuesta planteada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, de construir un gran pacto fiscal. Mi propuesta es que descanse sobre tres pilares.

El primero parte del ejemplo que debe dar el gobierno y es la eficiencia en el gasto público y una estricta disciplina fiscal. No es con nuevos impuestos, es con orden en el recaudo, estricto control a la corrupción y revisión de las exenciones. Colombia debe emprender una revisión exhaustiva de su gasto: subsidios eternos que enquistan una pobreza dependiente, duplicidades institucionales, creación de entidades ineficientes y programas sin impacto. La regla debe ser: no se invierte un peso público si no impacta en crecimiento y desarrollo.

El segundo debe ser una política fiscal expansiva orientada al crecimiento económico. Hay que crecer más, pues nos estancamos los últimos años. Una economía que crece apenas a 2,6% anual difícilmente podrá invertir, porque lo poco que se tiene se nos va en pagar la deuda. La recuperación de la inversión privada debe convertirse en prioridad y se logra con reglas regulatorias y tributarias claras, con seguridad jurídica e incentivos para el inversionista y el emprendedor, diversificando el sector productivo para que el local tenga una mayor vocación exportadora, mejorando sus ingresos vía tasa de cambio y, finalmente, focalizar el crecimiento: infraestructura, conectividad tecnológica y logística, conocimiento 4G, Agro Tech, turismo y servicios.

El tercero es la protección de la inversión estratégica de largo plazo, basado en el fortalecimiento institucional. La experiencia internacional demuestra que los grandes ajustes fiscales exitosos son aquellos que nacieron del consenso con el sector privado para crecer y demandar, entonces, mayor empleo y de calidad, por ende, mayor consumo, dinámica comercial y de servicios. España, Canadá y varios países de Latam lograron estabilizar sus finanzas cuando gobierno, empresarios, trabajadores y academia entendieron que la sostenibilidad fiscal era una causa común, casi que de supervivencia económica de país.

Por eso el pacto fiscal no debe verse como una discusión técnica reservada para economistas. Debe convertirse en una conversación nacional y una decisión urgente sobre el futuro del país. La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, es la condición indispensable para que Colombia pueda crecer, reducir la violencia, generar empleo y, por ende, reducir la pobreza, el gran reto de un verdadero Estado Social de Derecho.