El paro arrocero no representa una tensión social más de otro sector en crisis en el país; es uno de los anunciados campanazos que sacuden la realidad de la economía rural y cuestiona, con toda razón, la política agrícola. Además, lo hace desde quienes siembran uno de los alimentos fundamentales de la canasta familiar: el arroz. Hay tres impactos directos de un paro que advierte la realidad de años recientes, sin atender técnicamente la seguridad alimentaria, la productividad y competitividad del agro colombiano.

Recuerdo en 2013 cuando el expresidente Juan Manuel Santos dijo que “el tal paro nacional agrario no existe” y surgieron de forma coordinada las denominadas “dignidades” cafetera, arrocera y papera, organizadas por el movimiento Dignidad Agropecuaria de Colombia; se bloqueó Bogotá y las provisiones de la principal central de abastos del país se redujeron en un 60%. Estalló una crisis determinada por los precios bajos de los productos, ausencia de políticas de protección al agricultor nacional, desigualdad en los efectos del TLC y una infraestructura rural deficiente.

En todos los paros originados en el sector agrario hay por lo menos tres comunes denominadores. El primero, es el incumplimiento de acuerdos históricos por parte del gobierno. Han pasado 12 años y la escena se repite, con el agravante de que quienes lideraron en su momento estas protestas, hoy están en el gobierno y se muestran incapaces de implementar una respuesta estructural al problema. Por el contrario, ofrecen respuestas absurdas como vender arroz a Cuba, Haití y Venezuela, países con graves desequilibrios económicos y en pobreza. Paliativos y contentillos mediáticos para salir de la coyuntura.

El segundo es el impacto económico. En las protestas de 2013, las pérdidas ascendieron a $3 billones, unos US$1.500 millones al cambio de la época. Cada paro impacta en pérdidas por transporte bloqueado, interrupción de las cadenas de abastecimiento de alimentos, inflación, caída de la productividad y reducción en la distribución. Por otra parte, genera una tensión inflacionaria en productos derivados, afectando directamente el índice de precios al consumidor y finalmente, una pérdida de productividad por la incertidumbre comercial: si no se garantiza un precio justo mínimo, muchos productores se ven obligados a abandonar o reducir su producción.

El tercero, es una lectura política que no podemos ignorar. Como plantea el artículo “Estudio de la violencia en la protesta social en 2013 y 2014 en Colombia y su afectación a la seguridad en el modelo de análisis de problemas públicos” publicado por la Universidad de Chile, los movimientos sociales rurales han dejado de confiar en las vías institucionales. La desconexión entre el diseño de políticas públicas y las realidades locales, la falta de participación efectiva y la percepción de exclusión, empujan a los agricultores hacia la protesta, muchas veces permeada por los violentos, desviando la atención del problema a una situación de disturbios y seguridad. Por eso siempre en la agenda aparecerá como demanda, el incumplimiento por parte del gobierno. Es crónico.

El Ministerio de Agricultura realizó la propuesta técnica de fijar un precio de sustentación, pero son medidas de momento que no solucionan problemas con impacto macroeconómico, al ser un país que tiene fuerte dependencia del sector real primario o de producción agrícola. Esta situación refleja la deuda estructural en infraestructura productiva. En el arroz, como en otros cultivos, la falta de distritos de riego funcionales y sostenibles, vías e infraestructura entre otros, los deja en desventaja competitiva con otros países que han implementado modelos competitivos de agroindustria. Hoy solo 7% de las más de 3 millones de hectáreas cultivadas en Colombia tienen acceso a riego tecnificado.

Se requiere una visión de largo plazo para el desarrollo agroindustrial del país. En lo inmediato, la urgente negociación de las condiciones del TLC así como de aranceles, máxime ahora que Estados Unidos revisará esta herramienta político-económica con los países con quienes tiene acuerdos. El camino estratégico es “empresarizar” el campo, un agresivo plan de desarrollo de infraestructura vial e incentivos para la agroindustria a través de la actualización de las condiciones de crédito, seguridad jurídica para los propietarios de la tierra, lejos de ideologías y especialmente, retomar las condiciones de seguridad y orden público deterioradas en el campo para generar confianza inversionista.

La crisis arrocera es un espejo de nuestra fragilidad rural. Como decían nuestras madres, si hay arroz hay comida. Si no se proyecta estratégicamente a Colombia en materia agroindustrial, mañana no solo faltará el arroz en la mesa, sino que escasearán otros alimentos o peor aún, teniendo cómo producirlos, terminaremos comprándolos a otros países, sin una política de seguridad alimentaria y de desarrollo agrícola que garantice el desarrollo y la inversión. Aún estamos a tiempo.