En materia pensional, Colombia atraviesa una de las mayores incertidumbres jurídicas, económicas e institucionales de las últimas décadas. Paradójicamente, el debate ya no gira únicamente alrededor de si la Ley 2381 de 2024 constituye una buena o una mala reforma, sino en la preocupación de millones de trabajadores, pensionados próximos a retirarse, empleadores, fondos privados, Colpensiones y el propio Estado, quienes permanecen atrapados en un embudo jurídico cuya salida nadie ha definido con certeza y que se convierte en otra bomba social que debe resolver con extrema urgencia el nuevo gobierno y el Congreso.

El reciente editorial de La República acierta al señalar el limbo en el que siguen las pensiones. No solo porque la incertidumbre afecta el ahorro individual, sino porque repercute en la proyección financiera de familias y empresas. Producto de esta ley, la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, encontró un vicio de procedimiento que, en consecuencia, se devolvió al Congreso -que aún no lo resuelve- para subsanar dicho defecto, y mientras ello ocurre y se adopta una decisión definitiva, suspendió su entrada en vigencia, manteniendo una gran incertidumbre.

El costo ya se siente. Son casi 27 millones de afiliados a fondos obligatorios que no tienen certeza de sus condiciones pensionales y que representan 68% de la población adulta de Colombia, calculada en unos 40 millones según el Dane. Quien cotiza durante décadas organiza sus decisiones laborales, familiares y patrimoniales bajo unas reglas determinadas. Adicionalmente, la cobertura apenas alcanza a uno de cada cuatro adultos mayores que reciben una pensión, mientras la alta informalidad laboral impide que cerca de 75% de los trabajadores complete las semanas necesarias para pensionarse.

Los trabajadores próximos a pensionarse desconocen cuáles reglas terminarán aplicándose; las empresas enfrentan dificultades para planificar sus obligaciones laborales; Colpensiones y los fondos privados preparan operaciones para un modelo cuya implementación sigue suspendida; y el Congreso sigue sin corregir un trámite que, más allá de los vicios, no soluciona el problema estructural. Toda esta mezcla requiere despejar urgentes decisiones políticas, económicas y de alternativas de financiamiento, para aclarar el panorama futuro y, sobre todo, sostenible de los aportantes.

Con el gobierno saliente la discusión dejó de ser técnica, igual que con la salud y el régimen laboral, para convertirse simplemente en una intención alejada de la realidad fiscal, de los cambios demográficos y de las alternativas privadas de sostenibilidad pensional, mientras los ciudadanos siguen preguntándose cuál será finalmente el régimen que gobernará su ahorro para la vejez.

La Ocde ha advertido reiteradamente que los sistemas pensionales sostenibles requieren tres condiciones: cobertura, sostenibilidad financiera y estabilidad normativa. Colombia tiene enormes desafíos en las dos primeras, pero hoy también está fallando en la tercera. Cambiar las reglas o mantenerlas suspendidas durante meses afecta la confianza de quienes cotizan durante 30 o 40 años, esperando que el Estado respete las condiciones bajo las cuales construyeron su proyecto de retiro.

Al mismo tiempo, Fedesarrollo ha estimado que el déficit del régimen pensional público representa una presión fiscal significativa, financiada por todos los contribuyentes. Colombia necesita incorporar principios que han sido exitosos en otros países: toda reforma pensional debe ir acompañada de un régimen robusto de transición, pedagogía con protección y que respalde su sostenibilidad financiera, mediante un amplio consenso técnico y fiscal, necesariamente soportado en apalancamiento privado.

Las grandes reformas, las que calificamos como estructurales y que tocan un tema vital como la subsistencia y atención en la vejez vía pensión, exigen liderazgo político para convocar las instituciones, garantizar seguridad jurídica y confianza, que es un derecho colectivo, donde los ciudadanos no pueden convertirse en las víctimas de la desorganización del Estado y la falta de resolución del gobierno, el Congreso y las altas cortes.