En el primer semestre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, reportó un crecimiento de 36% en el desplazamiento forzado, 171% por confinamientos y 13,8% de las acciones armadas en el país. El aumento de los actores armados en las regiones, la falta de voluntad política y de claridad jurídica para enfrentar a los grupos ilegales, son los detonantes de esta situación.

Nuevamente la seguridad -junto con la economía-, se ubican en el primer lugar de las preocupaciones nacionales. La respuesta tradicionalmente se ha restringido a estrategias coyunturales y de contingencia; pero Colombia, con problemas estructurales asociados al conflicto armado y el narcotráfico, demanda más que una política, un modelo de seguridad.

Es hora de ir pensando en una robusta estructura de Estado para la seguridad, con identidad nacional sobre este activo fundamental, que trascienda los gobiernos de turno y perdure, con base en la experiencia de lucha contra el crimen de las últimas décadas, para evitar llegar a un punto sin retorno en materia social, de inversión y desarrollo.

El modelo de seguridad que requiere Colombia debe estar respaldado en una fuerte arquitectura estatal, jurídica e interoperable, con un enfoque de cumplimiento de ley. Retomar la senda de la autoridad y el orden, de respuesta institucional eficiente en los territorios y una real articulación entre el Estado y las regiones. Para ello, planteo tres atributos estratégicos:

1) Una base jurídica por bloques normativos con rango constitucional: para evitar distorsiones funcionales o “parálisis” en los organismos de seguridad, por intereses de la política de turno. Esto garantiza no solo equilibrio, sino una adecuada distribución de roles y planeación por capacidades, seguridad jurídica y herramientas efectivas para sus operadores: policías, militares, fiscales, alcaldes y gobernadores. Darles confianza.

2) Una arquitectura estatal de la seguridad: que recupere la figura asesora y de respuesta del Consejo Nacional de Seguridad (Art. 19 Ley 1801/16) y se instale como máximo órgano directivo de política. Debe ser integrador de todas las instituciones, con una mayor corresponsabilidad del sector justicia, territorial, temático y que permita tomar decisiones ágiles sin burocracia.

3) Que recupere el rol determinante de la Inteligencia: pues es la que protege el interés nacional, identifica riesgos y amenazas a la seguridad pública. La inteligencia son los ojos de la nación, no se le puede etiquetar o usufructuar con intereses políticos o ideológicos, pues la debilita. Alterar su doctrina, su esencia normativa y funcional, es como quitarle las defensas al cuerpo: muere ante la mínima enfermedad y deja al país sin escudo, sin protección.

La seguridad de una nación es directamente proporcional a la efectividad de su modelo. Su éxito radica en crear una estructura normativa y funcional que fortalezca la confianza. Esta se construye cuando hay reglas claras que respalden la acción contra el delincuente, no que lo protejan, y finalmente, que lleven a plantear una visión común de seguridad para el país.