Ante la posibilidad de que el gobierno use nuestro ahorro y fondos de pensiones para inversiones forzosas, así como el impacto en la inflación del ahora “salario vital”, me encuentro en la cotidianidad con dos tipos de debate: el de pasillo, cuya generalidad es que otra vez la gente cayó en una gran incertidumbre, frenada, ajustando costos y presupuestos; y, por otra parte, el técnico-económico que se discute en la universidad y en las empresas, dependiente del devenir de la política en época electoral. El colombiano promedio responde como agente económico: con miedos y expectativas, pero, sobre todo, con dudas sobre el futuro. Analicemos.

En relación con el incremento del salario mínimo, mientras el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto inicial por falta de justificación técnica verificable, el gobierno respondió con uno nuevo que no resuelve los problemas de necesidad de crecimiento del mercado laboral y, sobre todo, de informalidad.

Producto de lo anterior, hoy las empresas se están viendo obligadas a tomar tres decisiones: un cambio en las condiciones de incremento salarial anual, para que en adelante no se sujete al mínimo; la anulación de incentivos económicos asociados al plan de carrera, afectando la retención de talento, y una mejora salarial progresiva, poniendo en desventaja a empleados con mayor tiempo y trayectoria que ganaban por encima de los dos millones de pesos; y, finalmente, peor aún, despidos graduales porque no hay forma de sostener los costos de nómina, es decir, condenar al cierre de Pymes y otras empresas.

La crítica más demoledora no es política; surge desde lo técnico, a partir del análisis de la sostenibilidad de una empresa como institución necesaria para promover el crecimiento económico de las personas, pero también desde la realidad económica, como expone el nobel de Economía James Robinson, quien ha sido contundente en calificar el aumento de 23% como una política “terrible” para combatir la pobreza y una utopía desconectada de la realidad. ¿La razón? Porque al elevar artificialmente el costo de la formalidad, en un país con 55% de informalidad, se está cerrando la posibilidad de que esa franja de millones de colombianos pueda acceder algún día a empleo formal o de calidad.

Estamos creando, en términos del nobel, instituciones -como el ahora llamado salario mínimo vital- que benefician a un pequeño grupo de dos millones de colombianos protegido por este tipo de salario, mientras persisten 11,3 millones que ganan menos del mínimo, es decir, sobreviven en la economía de subsistencia, los cuales, al no estar formalizados, no tienen posibilidad de mejorar sus condiciones de vida; ningún banco les otorga crédito y, por ende, buscan crecer a punta del gota a gota, cayendo en una espiral de pobreza.

Intentar sostener un incremento que desborda una inflación que cerró 2025 en 5,3% y una productividad de apenas 0,91%, mediante decretos de emergencia, lo que genera es una incertidumbre jurídica que ahuyenta la inversión y contrae la productividad, la cual ya registra mínimos históricos, según el propio Robinson.

El escenario para este año incrementa esa incertidumbre de la que hablamos en los pasillos y que refrenda lo que discutimos en la academia, como consecuencia de una presión de costos sin precedentes. Las proyecciones indican que el crecimiento del PIB no superará 2,7%, en contraste con una inflación que rondará 7%, un desempleo que definitivamente subirá a dos dígitos y una caída de la inversión -que impulsa empleo de calidad y crecimiento-, solo reversible si, producto de nuestro voto responsable, el 7 de agosto se da un timonazo de política fiscal y económica.

La tozudez del gobierno nacional no extraña. Confirma una cruzada ideológica que aprovechó el momento electoral para exacerbar el populismo con este tipo de decisiones. La manoseada justicia social, para ganar aplausos, no se decreta: se financia con productividad y confianza inversionista. De lo contrario, el “salario vital” terminará siendo una estocada para miles de Pymes y empresas que hoy se están viendo obligadas a sacrificar no solo utilidades, sino también a sus empleados.