La desigualdad en la distribución del ingreso hace que, en términos probabilísticos, la persona que nace en un hogar pobre morirá pobre con independencia de sus méritos. Esto que los economistas llaman movilidad social intergeneracional en Colombia presenta un panorama triste. Según la Ocde, mientras en los demás países de esa organización deben pasar en promedio 4,5 generaciones para que alguien deje de ser pobre, aquí deben pasar 11. Algo similar puede decirse de los municipios que son, según la Constitución Política, la entidad fundamental de la división política administrativa del Estado.

Sin tener en cuenta los distritos, en Colombia los municipios se dividen en seis categorías. El 87,7% de ellos son de sexta, la más baja. Esa calificación está dada por dos variables: ingresos corrientes de libre destinación (Icld) y número de habitantes. Los Icld son importantes, porque con ellos se cubren los gastos de funcionamiento, pero también se estructuran y vigilan los proyectos para las inversiones en servicios como vías terciarias, agua, saneamiento básico o la planificación del territorio. Provienen de los tributos que reciben directamente, así como de una participación de los que recibe la Nación. Si dividimos el Icld entre la población del respectivo municipio, podemos establecer un indicador de ingreso medio de los municipios en función de sus habitantes, que puede ayudarnos a identificar su capacidad técnica para ejecutar los recursos destinados a inversión.

Datos de la Contraloría General muestran que, en el año pasado, los municipios recibieron en promedio $369.082 por habitante. Sin embargo, hay una enorme desigualdad en ese rubro. El municipio de Caldono en el Cauca recibió $54.943 en 2022, mientras que ese mismo indicador es $6.368.000 para la isla de Providencia. Si hacemos comparaciones entre grupos ordenados encontramos que cada uno de los 110 municipios del grupo de ingreso medio más bajo por habitante recibió, en promedio, $104.500, mientras que el más alto, $980.000 (sin contar Providencia). En el primer grupo, Cauca y Córdoba son los de mayor incidencia con 17 y 16 municipios respectivamente, mientras que en el de mayor ingreso, Boyacá y Antioquia posicionan a 34 y 21 municipios en su orden.

Una eficaz inversión de los recursos en los municipios depende, en gran medida, de la capacidad técnica que se tenga para la planeación y estructuración de sus proyectos. Con tan pocos ingresos es frecuente que sea en Bogotá desde donde se diseñan políticas públicas y estrategias generales cuyas convocatorias extienden a los municipios. Sin embargo, la generalidad que se opone al detalle hace imposible advertir la realidad de las necesidades y la diversidad de las comunidades. Los alcaldes no tienen otra alternativa que postularse a esas convocatorias, sin que importe la efectividad del gasto y de las políticas nacionales para el bienestar y la generación de ingresos en sus territorios. Se completa así un círculo vicioso que alimenta el centralismo, como lo demuestra el hecho de que, así como ocurre con la movilidad social entre las personas, 91,5% de los municipios que hace 20 años era de sexta categoría, lo siguen siendo en 2023.