El acto terrorista del 25 de abril en el Cauca ha suscitado la indignación y el rechazo, lo cual es válido, provenga de donde provenga. Lo que es insostenible es que esa indignación se convierta en argumento político de una sola dirección. Muchas voces, legítimas en su dolor, afirman que todo lo que ocurre en el Cauca es producto de una política de seguridad denominada paz total, que privilegió el diálogo sobre el combate frontal y que se apartó de los paradigmas según los cuales la seguridad solo es armada. Las siguientes reflexiones no son, sin embargo, una defensa de la política de paz total. Al contrario, son el reconocimiento de su fracaso.

La paz total fracasó, pese a que sus fundamentos éticos siguen siendo válidos, en tanto privilegian al ser humano como fin y no el conteo de muertos como la preocupación máxima del Estado. Sin embargo, la ética no vence a la realidad. Y en la realidad, los presupuestos sobre los cuales se construyó la paz total son falsos.

El primero de esos presupuestos es que existe motivación política de los actores ilegales actuales. Las armas se toman hoy para defender las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión y del control territorial. El segundo presupuesto es que los violentos responden a incentivos para la formalización de sus patrimonios a cambio de su inserción en la sociedad. Pero las rentas ilegales son desproporcionadamente más grandes que las que cualquier política de transición pueda ofrecer.

La política de seguridad democrática privilegiaba una metodología cuantitativa y mecánica de bajas. Pero se desbordó hacia ejecuciones de civiles no combatientes, muertes, segregación y desplazamiento forzado de una magnitud irreparable. Si la paz total fracasó por su diagnóstico falso, la seguridad democrática lo fue por sus consecuencias colaterales. Es una falsa dicotomía asegurar que el fracaso de una política significa el acierto de la otra. Los problemas de seguridad del Cauca no tienen origen en estos cuatro años de gobierno. El Cauca vive una guerra de muchísimos años y, cuando pasa esto, es cuando nos volvemos ciegos a otras realidades.

La utilidad de las rentas ilegales depende de algo más que de la ausencia de combate militar. Depende de la cultura. Durante décadas, en el Cauca se ha construido una cultura del dinero fácil. Una cultura mafiosa. Una cultura donde el muchacho que se vuelve rico en tres años es admirado. Donde la música que celebra esa riqueza se escucha sin vergüenza en los conciertos, bares y discotecas. Donde la exhibición de camionetas, joyas y mujeres como trofeos es una aspiración normal. Los jóvenes están viendo esas narrativas de acumulación rápida como un proyecto de vida legítimo, y esa cultura lleva décadas tejiéndose.

Esa cultura no fue creada por la paz total, sino por todos nosotros: por el constructor que recibe efectivo sin preguntar; por la radio que emite corridos y música que hacen del traficante un héroe; por el comerciante que satisface las demandas de estéticas aparatosas; o por el pastor de la iglesia que calla y mira para otro lado. Quienes van a conciertos en los que se presenta al narcotraficante como empresario carismático legitiman y dicen: esto es admirable.

Esto puede sonar clasista, pero no lo es, porque no es la pobreza la que crea la cultura mafiosa. Lo que la crea y promueve es la oferta y distribución de productos culturales que consumen personas de todas las clases. El consumidor de música de banda que trabaja como empleado público o profesional independiente; el padre de familia de clase media que, en sus ratos de ocio, frecuenta y vuelve aspiracional la cantina y su estética; el cirujano que no ve reparo en practicar procedimientos irresponsables. Todos, a pesar de estar en la legalidad, validan a quienes no lo están.

Culpar exclusivamente a la paz total es cómodo, porque nos evita responsabilidad. La paz total es un rotundo fracaso, pero el Estado también fracasó al no invertir en la comprensión cultural del conflicto. Y nosotros, los caucanos, también fallamos al no exigir que nuestras instituciones educativas, culturales, económicas y religiosas rompieran con la narrativa del dinero fácil y al consumir sin preguntarnos qué validamos. La pregunta que evitamos es por qué un joven prefiere una economía ilegal a una economía legal cuando tiene la opción de elegir. Esa pregunta no tiene respuesta en una política de seguridad. Tiene respuesta en cómo educamos, en cómo celebramos, en cómo toleramos, en cómo construimos o destruimos la cultura que hace funcional la renta ilegal. Mientras no la respondamos, la violencia seguirá siendo el precio de nuestra comodidad moral.