Cuando un país necesita crecer, generar empleo y recuperar la confianza de quienes invierten, lo lógico es reducir cargas y estimular la actividad económica. El gobierno de Gustavo Petro decidió hacer exactamente lo contrario. A pocos días de terminar su mandato, radicó una nueva reforma tributaria que, una vez más, les pasa la cuenta de cobro a los hogares y a las empresas.

El argumento oficial es cerrar el déficit fiscal y garantizar recursos para el Estado. Sin embargo, el camino elegido es el de siempre: más impuestos para quienes producen, consumen y generan empleo.

Los primeros afectados serán los colombianos. La reforma impone un IVA de 19% a licores, vinos, aperitivos y refajos, una decisión que no solo golpea el bolsillo de los consumidores, sino que también pone en riesgo los ingresos de los departamentos y puede fortalecer el contrabando y el mercado ilegal.

Tampoco escapan las actividades culturales, deportivas y de entretenimiento. Los servicios que superen los 523.000 pesos deberán pagar IVA de 19%, encareciendo espacios de recreación que para miles de familias hacen parte de su calidad de vida, no de un lujo.

Como si fuera poco, el IVA a la gasolina y al Acpm aumentará gradualmente hasta llegar a 19% en 2028. Cada incremento en los combustibles termina reflejándose en el precio de los alimentos, el transporte y la canasta familiar. Es un impuesto que termina pagando todo el país.

El turismo, uno de los sectores con mayor capacidad para generar empleo, también recibe un golpe. La reforma elimina la exención del IVA para visitantes extranjeros, justo cuando el turismo internacional cayó 15,4% durante 2025. En lugar de atraer más visitantes y divisas, el Gobierno decide restarle competitividad a Colombia.

La carga también aumenta para quienes ahorran e invierten. El impuesto al patrimonio amplía significativamente su alcance al reducir el umbral de 3.770 millones de pesos a 2.000 millones de pesos, incorporando más de 105.000 nuevos contribuyentes. Además, miles de familias perderán la deducción por dependientes en su declaración de renta, pagando más impuestos sin que hayan mejorado sus ingresos.

Las empresas tampoco se salvan. La sobretasa permanente a las entidades financieras aumenta de 5% a 15%, un costo que muy probablemente terminará trasladándose a créditos más caros para hogares y empresarios. A esto se suman nuevos gravámenes para el sector minero-energético, afectando regiones enteras cuya economía depende de esa actividad.

Colombia necesita recuperar el crecimiento, no seguir castigándolo. Después de cuatro años de estancamiento económico, bajo crecimiento, deterioro fiscal y pérdida de confianza inversionista, insistir en subir impuestos es profundizar el problema, no resolverlo.

El nuevo gobierno del presidente Abelardo De la Espriella tendrá el reto de corregir el rumbo. El país necesita una reforma tributaria construida con el Congreso y los sectores productivos, que amplíe la base de contribuyentes mediante la formalización, combata la evasión y promueva la inversión. Se deben disminuir los gastos de funcionamiento del Estado. Porque la mejor política social no es recaudar más impuestos; es crear más empleo, más empresas y más oportunidades para los colombianos.