No es un secreto que vivimos una revolución de la información sin precedentes, comparable a los grandes hitos tecnológicos que transformaron la forma en que las sociedades producen, acceden y comparten conocimiento. La información dejó de ser un simple insumo para convertirse en un derecho fundamental, expresamente reconocido por nuestra Constitución Política. Su ejercicio no solo goza de protección jurídica nacional e internacional, sino que es de aplicación inmediata y cuenta con mecanismos constitucionales eficaces para su garantía, reafirmando que el acceso, uso y circulación de la información son hoy pilares esenciales de la democracia, la participación ciudadana y el desarrollo de la era digital.

Las tecnologías móviles que hacen uso del espectro radioeléctrico y las redes de fibra óptica constituyen hoy la infraestructura esencial que permite que el derecho a la comunicación deje de ser una declaración formal y se convierta en una realidad efectiva para millones de personas, que permite a la persona, no solo informarse y adquirir conocimiento, sino interrelacionarse adecuadamente con la sociedad. Estas tecnologías no solo son las más eficientes, escalables y confiables para garantizar conectividad, sino que representan el soporte material de la inclusión digital, la productividad, la innovación y la cohesión social.

Hoy, una parte significativa del país sigue sin poder ejercer plenamente este derecho fundamental, no por ausencia de política pública, ni por falta de voluntad inversora de los operadores, sino por los persistentes problemas de orden público que golpean con especial dureza el despliegue y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones. La fibra óptica y los servicios móviles columna vertebral de la conectividad moderna se ven sistemáticamente afectados en territorios como el Catatumbo, Choco, Cauca, Nariño, Vichada, Vaupés y Guanía, donde la violencia, las amenazas y la inseguridad no solo encarecen los proyectos, sino que los hacen inviables.

En estas regiones, la brecha digital no es tecnológica ni regulatoria, es una consecuencia directa de la falta de condiciones mínimas de seguridad para que el Estado y el sector privado puedan garantizar, en la práctica, el derecho a la comunicación.

A lo largo de la historia de la humanidad, palomas, ramos de olivo y el arcoíris han sido más que simples imágenes, han funcionado como lenguajes universales de comunicación, convertidos en símbolos perdurables de paz, diálogo y tolerancia. Resulta entonces inaceptable que, en pleno siglo XXI, la comunicación ese mismo puente que une las sociedades, sea en nuestro país un objetivo de una guerra absurda. Atacar la infraestructura que permite comunicarnos no solo silencia territorios, sino que rompe la posibilidad de entendimiento, profundiza el aislamiento y perpetúa la exclusión. Defender la comunicación es, en esencia, defender la paz y la dignidad de quienes hoy siguen esperando ser escuchados.