La reciente alerta de la Contraloría General de la República es más que un llamado técnico; es una advertencia estructural. La Política Pública de Conectividad Digital, que entre 2019 y 2020 ejecutó más de 90% de sus recursos, cayó progresivamente hasta un crítico 61,4% en 2024. El promedio de 74,2% entre 2019 y 2024 no es solo un indicador; es la expresión de una política que perdió su dinamismo cuando más se necesita.

Los indicadores son contundentes: 48% de los proyectos evaluados presentan ejecución muy crítica, con mayores fallas en conectividad rural, acceso público e inclusión digital. Es decir, donde el Estado debe ser más eficaz, fue más débil.

El Índice de Brecha Digital de la CGR confirma la consecuencia territorial de esa ineficiencia: un valor nacional de 70,73 en 2024, con regiones como Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe liderando la exclusión. En departamentos como Vichada y Vaupés la brecha supera 85%, mientras Bogotá registra los niveles más bajos con 58,8%.

La geografía digital reproduce el viejo esquema centro-periferia.
La brecha urbano-rural, cercana a 20 puntos porcentuales, demuestra que la infraestructura desplegada no ha sido suficiente. Y hay un dato aún más revelador: aunque la pobreza multidimensional bajó a 11,5% en 2024, la exclusión digital persiste.

El ingreso mejora, pero la integración digital no avanza al mismo ritmo. Esto prueba que la conectividad no es solo red; es asequibilidad, habilidades y uso significativo. El error estratégico ha sido pensar la política de conectividad como un programa de expansión física y no como una arquitectura integral de desarrollo. Universalizar la conectividad exige cuatro correcciones importantes:

La política debe migrar de metas de cobertura a metas de uso efectivo: estudiantes conectados que culminan ciclos formativos digitales, campesinos que comercializan en línea, emprendedores que acceden a servicios financieros digitales.

Los recursos deben asignarse con base en el Índice de Brecha Digital, priorizando departamentos con brechas superiores a 80%, con incentivos regulatorios para operadores que desplieguen infraestructura en zonas de alto costo.

Subsidios focalizados a la demanda, tarifas sociales de internet fijo y móvil, y estímulos tributarios para dispositivos en hogares rurales.

La conectividad debe integrarse al sistema educativo y a programas de desarrollo rural y emprendimiento. No basta con la conectividad; hay que formar competencias para transformar esa conectividad en valor económico y ciudadanía digital.

La conectividad es hoy la nueva infraestructura básica del desarrollo. Si no corregimos la ejecución y la visión estratégica, perpetuamos una desigualdad silenciosa que excluye a millones del aprendizaje, del mercado y de la participación democrática.Universalizar la conectividad no es un eslogan; es una decisión política de equidad territorial y competitividad nacional.