El Congreso no puede seguir tramitando reformas bajo el reproche reiterado de la ciudadanía, del gobierno y de la Corte Constitucional. Una decisión mayoritaria solo es válida si fue deliberada en público; no basta con que haya sido votada. Cuando el Legislativo renuncia a esa exigencia, cede su función al Ejecutivo, que domina la técnica y la iniciativa, y a la Corte, que corrige por vía judicial lo que el Congreso no debatió.

El Senado y la Cámara aprobaron el presupuesto con textos distintos, no hubo tiempo para conciliarlos antes de la medianoche y el gobierno lo expidió por decreto. No fue un error de digitación. Fue el resultado previsible de un método: llevar al Congreso al límite del reloj, sesionar de madrugada y acordar voto por voto. Mientras ese método esté vigente, el país seguirá legislando de noche y pagando las consecuencias de día.

Lo que está en juego no es la estética parlamentaria. Se pierde la deliberación, que es la razón de ser del Congreso. Se pierde la seguridad jurídica, porque cada atajo es un vicio que la Corte puede declarar. Y se pierde la confianza del ciudadano, que ve cómo se deciden, mientras duerme, asuntos que paga con sus impuestos.

Primero, llevar los proyectos hasta el último día de su término convierte el vencimiento en una guillotina: no queda tiempo para leer, corregir ni conciliar. El Código Electoral lo demuestra y la reforma pensional lo confirma: al primero, la Corte lo tumbó por vicios de trámite en 2022 y otra vez en 2024. La segunda sigue en el limbo. Dos reformas, años de trabajo y ninguna ley.

Segundo, la madrugada. La Ley 5.ª permite discutir y votar en bloque en plenaria; es una herramienta para agilizar, no una licencia para aprobar a ciegas. A las cuatro de la mañana, el cansancio reemplaza la lectura. A esa hora no se debate una ley: se sobrevive a la sesión.
Tercero, el menudeo. Acordar congresista por congresista, y no con las bancadas, como ordena la Ley 974 de 2005, convierte la representación en transacción, debilita a los partidos que deberían responder por sus posiciones y deja al ciudadano sin saber a cambio de qué se aprobó lo que se aprobó.

La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior es la oportunidad de cambiar el método. Como exprocurador y expresidente del Consejo de Estado, sabe cuánto cuesta un vicio de trámite, y tiene el carácter para tratar con los partidos y no con los pasillos. Además de las prioridades del gobierno, su agenda debería empezar por tres reformas aplazadas: una política, que fortalezca la democracia y las bancadas; una electoral, que por fin le dé al país un código moderno capaz de sobrevivir a la Corte, y una de la Ley 5.ª, que les ponga horario a las plenarias y cronograma a los proyectos.

Los mercados castigan la incertidumbre; los ciudadanos, la opacidad. ¿Cuántas leyes más se van a votar de madrugada para entender que la calidad de una democracia también se mide por la hora en que decide?