Convertir el internet fijo en un servicio público domiciliario puede sonar políticamente correcto, casi como una fórmula mágica: tarifas más bajas, subsidios para los más pobres y control estatal para garantizar cobertura. Sin embargo, detrás de esa propuesta se esconden riesgos y retos para su implementación.

El mayor riesgo es repetir en telecomunicaciones los problemas estructurales que hoy aquejan al sistema eléctrico: subsidios basados en una estratificación social obsoleta que, en la práctica, benefician a hogares que no lo necesitan mientras castigan a los más vulnerables. En la mayoría de los municipios, sin estratos altos ni grandes empresas que financien el esquema, ese modelo profundiza la desigualdad y limita la conectividad real.

Además, se rompería la convergencia tecnológica. Mientras el mundo avanza hacia la integración de redes y servicios fijos, móvil y satelital, Colombia quedaría atrapada en un esquema rígido que divide artificialmente lo que debería estar articulado. A esto se suma la inseguridad jurídica, el artículo 370 de la Constitución Política define competencias claras sobre los servicios públicos domiciliarios, lo que obligaría a un reacomodo institucional costoso y fuente de conflictos.

Aunque el internet fijo se use en el hogar, no responde a la lógica de los monopolios naturales. Su infraestructura es replicable y su mercado diverso, con múltiples operadores y tecnologías que compiten por precio y calidad. Por eso, la misión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se orienta a la promoción de la competencia, mientras que la regulación de servicios públicos domiciliarios está diseñada para monopolios inevitables. Forzarlo a un esquema propio de monopolios sería un gran reto. El dinamismo de la Ley 1341 explica que Colombia tenga hoy el Arpu más bajo de la región, más cobertura y mejor ancho de banda, con una conectividad que impulsa innovación, desarrollo y competitividad.

El impacto económico también es preocupante. Imponer más cargas al internet fijo encarecería la conectividad empresarial y en un país que lucha por mejorar su productividad y competitividad, encarecer la infraestructura digital equivale a frenar la transformación digital. Frente a ello, el sector industrial y comercial buscarán sustitutos como 5G o satelital, con el riesgo de un mercado ineficiente.

La pregunta no es si internet es un derecho fundamental, porque lo es, sino cómo garantizar acceso universal con calidad. La respuesta no está en formulas anacrónicas, sino en una regulación moderna que combine competencia, inversión y una política de acceso y servicio universal bajo un entorno competitivo y convergente. Eso exige un sistema de impulso a la demanda neutro y bien focalizado, que no genere distorsiones entre tecnologías que compiten por un mismo servicio. Solo así el internet podrá consolidarse como un motor de equidad, innovación y desarrollo para Colombia.