Durante esta legislatura, cerca de un centenar de Proyectos de Ley relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron archivados. Paradójicamente, lo que el Congreso no hizo en términos de legislación es tan revelador como lo que sí.

Sin embargo, hubo tres iniciativas que debieron convertirse en Ley de la República. No por moda, sino por necesidad: reglas claras y una gobernanza sólida en datos públicos, seguridad digital e inteligencia artificial. Sin ellas, estamos dejando pasar oportunidades clave para impulsar la innovación, la inversión y la confianza en la era de la sociedad digital.

El primer proyecto de ley buscaba crear la institucionalidad necesaria para coordinar, definir y hacer seguimiento a las políticas de seguridad digital y del sector espacial. Se trata de gestionar los riesgos derivados del desarrollo y uso masivo de las TIC, proteger los derechos de las personas, las infraestructuras críticas e intereses nacionales, y mantener la confianza en el ecosistema digital.

El segundo pretendía regular la gobernanza, gestión y disponibilidad de datos del Estado colombiano para promover la toma de decisiones basadas en evidencia, con datos de calidad, seguros, respetando la privacidad y usados de forma ética y responsable.

Y el tercer proyecto de ley planteaba reglas para un desarrollo ético, responsable, inclusivo y sostenible de la inteligencia artificial. Además, de promover la generación de conocimiento y el desarrollo de la infraestructura tecnológica. No se trata de frenar la tecnología, sino de potenciar su adopción como motor de conocimiento, productividad y competitividad.

Estas iniciativas comparten un propósito común, aprovechar al máximo el potencial transformador de las tecnologías digitales para el Estado, la economía y la sociedad.

Mientras el Congreso deja a la ciudadanía entre debates acalorados y proyectos de ley fallidos, la Corte Constitucional avanza y llena vacíos. Ejemplo de ello son sentencias recientes como la que establece lineamientos claros para la inteligencia artificial, verdadera política pública en la materia, y la que refuerza la neutralidad de internet, reconociendo el acceso a internet como derecho fundamental y garantizando libertades como la libre expresión y el pluralismo informativo en entornos digitales.

En este contexto, debemos evitar caer en dos extremos, primero sobre regular y ahogar la innovación, o dejar un vacío normativo que fomente la incertidumbre, la improvisación y la falta de confianza. Hoy tenemos una oportunidad histórica para potenciar nuestras economías, crear empleo de calidad y generar avances disruptivos, invirtiendo en conectividad, infraestructura de datos, investigación y capital humano.

La clave está en construir un marco normativo moderno y equilibrado, que impulse la adopción ética y responsable de la tecnología, promueva la innovación y el crecimiento económico.