No es extraño que un proyecto de Ley, como el de Modernización del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que por demás pretende remover obstáculos que permitan conectar a Internet a 20 millones de colombianos, en su mayoría en zonas apartadas, y mejorar una tecnología cara y de baja calidad de otros 10 millones de usuarios, le surjan cuestionamientos y contradictores.

Por ejemplo, señaló el exvicepresidente Germán Vargas, que con este proyecto ganan las empresas porque extiende el período de uso del espectro radioeléctrico a los operadores de telefonía móvil y televisión, que no se requiere de una nueva ley para avanzar en la conectividad de internet, y que lo que hay es el traslado de importantes facultades de un ente autónomo como la Autoridad Nacional de Televisión al Ministerio TIC.

Cabe mencionar, sin embargo, que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, destacó las bondades del proyecto, como su aporte a la inclusión tecnológica, de modernización del marco institucional, de fomento a la seguridad jurídica y confianza del sector para el despliegue de las inversiones que permitan cerrar la brecha digital. El mismo estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia de la Ocde de 2014 ya había identificado la deficiencia que significa la corta duración de las licencias del espectro, que las renovaciones no fueran automáticas o que se concedieran poco antes de su expiración, lo que causa inseguridad en la inversión. Es que no podemos quedarnos atrapados en la imposibilidad de avanzar a tecnologías 5G o en el duopolio de la televisión abierta privada, por supuestos de rentabilidad que cambiaron profundamente desde la emergencia de Internet, cuando la realidad es un nuevo mercado de poderosos jugadores convergentes, con escasas o ninguna barrera de entrada.

Sin duda que el proyecto TIC es susceptible de mejorar en temas como la independencia del regulador, de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, o el avance hacía el regulador convergente, o único, de las telecomunicaciones en el país, que fusione la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión y la Agencia Nacional del Espectro, y analice si al asumir las funciones de vigilancia, control y supervisión del sector rompe el mandato constitucional de los artículos 365 y 370. Igualmente, se requiere asegurar que se promueva la competencia y el bienestar del consumidor antes que la inversión, así como una sana autonomía del “Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, que tendrá como fin financiar el acceso universal a los servicios TIC y el fortalecimiento de la televisión pública.

Pero que quede claro que no es con aplazamientos o filibusterismo como se puede avanzar y mejorar el proyecto en los dos debates que le hacen falta en el Congreso, porque, si no se realizan las reformas institucionales y regulatorias necesarias, el mayor perjuicio será para el ciudadano.