Colombia se encuentra afrontando su segundo gran momento de transformación normativa, institucional y regulatoria en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- y, para lo cual, resulta esencial la manera como el Gobierno del presidente Duque ha venido trazando la hoja de ruta para la masificación de la conectividad a internet y el impulso hacia la transformación digital del país.

En efecto, en 2009, y luego de varios intentos fallidos de reformas legales, se sentaron las bases iniciales para la modernización sectorial mediante la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, en la que por primera vez se reconoció a las TIC como sector transversal y soporte de la economía, generando instrumentos legales que reconocieran el fenómeno de la convergencia tecnológica y que, además, se encaminaran a fomentar la competencia y la inversión, mediante el establecimiento de una reforma institucional centrada en los roles del Mintic, la CRC y la ANE (además de la facultades transversales de protección a la competencia y usuarios de la SIC). También en 2009, se reformó el marco normativo del sector postal, con la Ley 1369, como parte integral del sector TIC. Sin embargo, el subsector de la televisión no fue incluido en esa primera gran reforma.

Diez años después, bajo el liderazgo del actual Gobierno y con el apoyo decisivo del Congreso, que comparte el hecho que Colombia no puede seguir rezagándose en los índices y metas de conectividad a internet en comparación con los demás países y, por tanto, la urgencia del cierre de la brecha digital, el Mintic viene liderando una apuesta estratégica dirigida a profundizar y consolidar el proceso de reforma y modernización del marco legal, regulatorio e institucional de todo el sector TIC (incluyendo al subsector de televisión como respuesta coherente a la evolución tecnológica), con un gran objetivo: promover la inversión para la masificación de la conectividad a internet y así contribuir al cierre de la brecha digital, por lo que la Ley de modernización TIC será un instrumento fundamental para que las empresas que realmente invierten en el país lo sigan haciendo aun a mayor escala y dimensión y que, además, nuevos empresarios puedan realizar apuestas de inversión significativas en el país (a través de herramientas como la subasta de espectro de 700 MHz, el uso más intensivo de la figura de obligaciones para masificar la conectividad y la realización de inversiones eficientes y focalizadas del Fondo Único TIC para financiar proyectos de conectividad).

Lo anterior, sumado a las importantes iniciativas de política pública que podrán ser implementadas como resultado de la entrada en vigencia del PND, en la cual, bajo la visión estratégica del Gobierno y el apoyo del Congreso, se aprobaron normas fundamentales para impulsar la transformación digital, y en otros componentes normativos que igualmente conducirán a la mejora de la conectividad (como la posibilidad de utilizar las obligaciones de hacer para ese tipo de proyectos por operadores postales y la necesidad de afianzar la eliminación de barreras al despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en los entes territoriales). En el caso concreto de la transformación digital, sin lugar a dudas sobre las autopistas de la conectividad a internet que podrán ser ampliadas y fortalecidas, se contribuirá a la mejora de la calidad de vida.

Estamos frente a un escenario altamente positivo para el desarrollo del sector, con toda seguridad se pondrán en marcha todas las acciones requeridas bajo mecanismos de cooperación público-privada para hacer que el país retome el rumbo de crecimiento y mejora en los indicadores de conectividad y, en consecuencia, que vuelva a convertirse en foco prioritario de inversión por parte de los diferentes grupos empresariales, nacionales e internacionales.