Los mitos sobre las appa y zappas

En 59 municipios de Colombia hay campesinos y propietarios rurales que ya no pueden decidir qué hacer con su tierra, porque el Ministerio de Agricultura lo resolvió por ellos desde Bogotá a través de las Appa y Zppas. Por eso, a pesar de las mentiras y el alarmismo del Pacto Histórico, que insiste en que eliminar esta figura dejará al país sin comida, estamos en la tarea de acabar con este instrumento de expropiación disfrazada.

Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppas) nacieron en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, y aunque no le quitan al dueño la escritura de su predio, sí le quitan lo que puede hacer con él: le fijan un catálogo cerrado de usos del suelo, le prohíben actividades que hasta el día anterior eran legales y no le reconocen ninguna compensación por lo que pierde. Tener la escritura y no poder decidir sobre la tierra es una forma de expropiar sin pagar. Puntualmente, las Appa pasan por encima de dos autonomías a la vez: la del propietario, que pierde el control sobre lo que es suyo, y la de los concejos municipales, que pierden su función constitucional de definir los usos del suelo en su propio territorio.

Durante el gobierno Petro se declararon Appa sobre casi un millón de hectáreas en todo el país. Se publicaron resoluciones para ocho municipios en La Guajira, 19 en el suroeste antioqueño, ocho en Tolima, dos en Santander, cinco en la Sabana Centro de Cundinamarca y 17 en Córdoba, donde una sola declaratoria cubrió más de 667.000 hectáreas.

En La Guajira, la Appa prohibió expresamente la minería, el comercio y la industria. En la Sabana de Bogotá, la figura pone en riesgo el trabajo de las mujeres que viven del cultivo de flores: solo en Sopó, donde cubrió 17,6% del municipio, dejó en uso restringido 58% de las hectáreas que hoy se destinan a invernaderos. Es tal el control que hoy ejerce el nivel central sobre el uso del suelo que, al cruzar los mapas oficiales, encontramos que 94% del territorio nacional está ordenado por instrumentos impuestos desde Bogotá, como las Appa.

Colombia tiene 42,9 millones de hectáreas de frontera agrícola, y según la propia Upra apenas una de cada cinco está cultivada. El problema del campo no es la falta de tierra para cultivar, sino la falta de condiciones para producir en la que ya existe. Declarar una Appa no agrega una sola tonelada de alimentos; lo único que logra es atropellar los derechos de propietarios que ya sembraban o que querían invertir para producir más.

Si como país queremos que el campo produzca más, necesitamos sistemas de riego, vías terciarias, crédito rural, asistencia técnica y títulos formalizados, no restricciones firmadas por un ministerio.

Para levantar esas restricciones radiqué en el Congreso el Proyecto de Ley 075 de 2026, que hace dos cosas concretas. Primero, deroga el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que creó las Appa, con lo que la figura desaparece. Segundo, les devuelve a los concejos municipales la decisión sobre el suelo rural, porque saca las Appa de la lista de normas que los entes territoriales están obligados a obedecer cuando hacen sus planes de ordenamiento. El proyecto garantiza que la protección ambiental quede intacta y que las autoridades del Sistema Nacional Ambiental conserven todas sus competencias. Nadie pierde una licencia, un permiso o un derecho adquirido, y la transición se hace sin vacíos normativos y sin costo fiscal para la Nación.

Ese es el proyecto que el Pacto Histórico dice haber estudiado a fondo y que, según aseguró en redes, tiene argumentos para tumbar. Pero cada vez que ha sido agendado en la Comisión Primera de la Cámara, los congresistas que en redes advierten que vamos a dejar al país sin comida prefieren retirarse a la hora de discutirlo para impedir que avance. Lo peor es que después celebran como una victoria no haber dado el debate. Son más de tres las ocasiones en que la oposición ha preferido levantarse de la silla antes que abrir la discusión con argumentos. Asustar a la gente con un video es fácil; lo difícil es sostener ese discurso frente a las cifras, y eso es justamente lo que no se atreven a hacer.

Mientras el Pacto Histórico siga levantándose de la silla, yo continuaré dando este debate con cifras y de cara a las regiones, hasta que el suelo de cada municipio vuelva a decidirse en sus concejos y la libertad de cada propietario no dependa de una resolución. Al campesino que trabaja su tierra no hay que decirle desde un ministerio qué puede hacer con ella; hay que ayudarle a producir.