¿Quién cuida a quienes cuidan?

En el trabajo que hago con comunidades he conocido historias difíciles, pero la injusticia silenciosa en la vida de Nelly, a quien conocí recientemente, me sigue resonando con fuerza. Su vida cambió por completo cuando a su mamá le diagnosticaron demencia senil y tuvo que dejar su empleo como vigilante para asumir su cuidado. Desde entonces, la responsabilidad de sostener a su madre y a su hija recayó únicamente en ella. Al no cotizar, perdió acceso a pensión y seguridad social y cuando envejezca, se encontrará en la misma dependencia que hoy atiende. Su historia refleja lo que viven millones de mujeres en Colombia: lo que se asume como un gesto de amor es, en realidad, una injusticia estructural. Surge entonces una pregunta de fondo, ¿quién cuida a quienes cuidan?

Durante décadas, el cuidado se ha considerado un asunto privado, resuelto en el hogar y sostenido principalmente por mujeres, como si fuera una extensión natural de su rol social. Ese “gesto de amor” ha ocultado una deuda histórica: el Estado y la sociedad descargaron la responsabilidad en hombros invisibles y no remunerados. Hoy ese paradigma empieza a fracturarse. En su reciente Opinión Consultiva OC-31/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho autónomo que los Estados deben garantizar. El fallo es claro, toda persona tiene derecho a brindar y recibir cuidado en condiciones dignas. Es decir, dejó de ser solo un asunto privado para convertirse también en una responsabilidad pública y colectiva.

Las cifras muestran la magnitud del desafío. Según la Enut 2020-2021 del Dane, 90,3% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, frente a 63% de los hombres; ellas dedican, en promedio, cuatro horas más cada día. Si ese trabajo se pagara, representaría aproximadamente 19% del PIB nacional, más que varios sectores productivos juntos. Colombia ha dado pasos importantes, como la Ley 1413 de 2010, el Sistema Nacional de Cuidado y el Conpes 4143 de 2025. Sin embargo, aún no se traducen en resultados concretos para mujeres como Nelly.

Apostarle al cuidado no es solo abrir guarderías o centros comunitarios; es reconocer que sin redistribuir la carga nunca habrá equidad real. Cuando el cuidado se resuelve únicamente en la esfera privada, las más afectadas son las mujeres de menores ingresos, que deben renunciar a estudio, empleo o descanso. Así se refuerzan brechas de género, se limita la participación laboral femenina y se perpetúan ciclos de pobreza. El costo lo paga la sociedad entera, porque un país que no garantiza el cuidado desperdicia talento y futuro.

El caso de Nelly muestra que, con apoyo, es posible cambiar el desenlace. Con el acompañamiento que le brindamos pudo emprender, generar ingresos y fortalecer su salud emocional. Lo que ella logró debería ser la regla y no la excepción. Reconocer el cuidado como derecho, como lo hizo la Corte IDH, obliga a pasar del discurso a la acción, ejecutando políticas efectivas y garantizando resultados que dignifiquen a quienes brindan y reciben cuidado. El desafío es claro: o Colombia apuesta por un sistema robusto y equitativo, o seguirá sosteniendo su economía sobre una inequidad silenciosa y romantizando lo que en realidad es una deuda histórica de justicia social.