La autonomía territorial es un concepto que seduce a la mayoría de mandatarios territoriales, así como a los pueblos étnicos y a las organizaciones sociales, comunitarias y empresariales volcadas hacia la incidencia en las políticas públicas. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿Autonomía para qué?

Si por autonomía fiscal entendemos que cada departamento se quede con las rentas directas que recauda en su jurisdicción (impuesto de renta y al patrimonio) el resultado inevitable es un dramático aumento de las desigualdades socio territoriales. Los departamentos de mayor actividad económica, en donde viven y desde donde tributan la mayoría de las clases pudientes, se quedarían con la casi totalidad de la riqueza que la nación recauda por estos conceptos. El triángulo de oro extendido (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander) aumentarían sus recursos en cerca de $50 billones, mientras los 27 departamentos restantes un poco más de $31 billones. Los territorios periféricos al poder centro andino (Vaupés, Guainía, San Andrés, Amazonas, Guaviare, Vichada, Arauca, Putumayo, Casanare y Caquetá) solo recaudarían $4,5 billones de más, es decir, 11 veces menos que los departamentos más desarrollados.

Mientras los primeros concentran más de 73% del PIB nacional (sin actividad extractiva), 83% de la actividad industrial, 82,4% del crédito público y privado, los más rezagados sólo participan de 2,3% del PIB, 0,6% de la industria, 0,7% del crédito y tienen los más precarios desempeños fiscales y administrativos.

La autonomía fiscal así propuesta aumentaría las brechas en desarrollo, bienestar y capacidades entre territorios de Colombia, precisamente contra aquellos que concentran cuatro grandes ecosistemas estratégicos: el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según esta propuesta, 85% de las mencionadas rentas directas se distribuirían por cantidad de población en cada departamento, como si los costos relativos de prestar servicios no fueran mayores precisamente en los territorios con menores grados de desarrollo, altísima precariedad en sus infraestructuras, deficiente conectividad y escasas entidades prestadoras de servicios básicos para el bienestar de los ciudadanos.

Además, si los departamentos se quedan con las rentas directas se seca el Sistema General de Participaciones -SGP-, que financia la salud y la educación pública en $53,31 billones este año 2024. Por último, el grito de autonomía de los pudientes es un rechazo frontal a la función redistributiva de la nación, en el octavo país más inequitativo del mundo, con gigantescas concentraciones de la riqueza y distribución espacial de las precariedades.

La dirección técnica de la Misión de Descentralización propone profundizar la autonomía para cerrar brechas en desarrollo económico a través de un Fondo de Convergencia Económica Territorial con base en los departamentos. El Fecet financiaría el cierre de brechas en desarrollo entre los municipios para fomentar encadenamientos productivos con efectos multiplicadores sobre la productividad, la competitividad, el empleo y el bienestar. No sobra decir que las mayores desigualdades en desarrollo económico y bienestar social entre municipios se han creado precisamente en los departamentos más desarrollados y en aquellos que dependen de las actividades extractivas de los hidrocarburos y la minería. Llamamos a profundizar la autonomía territorial para descentralizar las oportunidades de desarrollo económico. El apoyo a sistemas económicos territoriales en todos los departamentos es una estrategia para lograr un país capaz de cerrar las gigantescas fracturas socio territoriales que nos hunden en el fango de las sociedades más inequitativas del mundo y, por ello, de las más violentas del planeta.