En los países con mucha población pobre son comunes los fondos sociales que logran disminuir necesidades básicas insatisfechas mediante la construcción de puestos de salud, escuelas, acueductos y alcantarillados, así como parques y canchas deportivas. De esta manera, la “deuda social” es aliviada en poblados lejanos y los barrios marginales de las grandes urbes. Disminuir la pobreza no es lo mismo que reducir la inequidad. La masificación de dotaciones sociales básicas para lo pobres puede acompañarse de un aumento importante de las desigualdades entre clases sociales, etnias, géneros y regiones en cuanto a ingresos, patrimonios y niveles de bienestar. El alivio a la pobreza no garantiza sociedades más equitativas.

En los países capitalistas centrales existen fondos que compensan diferenciales en capacidades de desarrollo económico entre regiones. Carreteras, conectividad, centros industriales y tecnológicos, complejos agrícolas y pecuarios, aeropuertos, vías férreas y puertos fluviales, así como crédito para la generación de empresas y formación de la fuerza de trabajo son privilegiados. Estas inversiones tienden a conectar las zonas deprimidas con centros más dinámicos a escala regional e incluso internacional. A mediano plazo la descentralización del modelo de desarrollo afecta positivamente los indicadores de bienestar social de las poblaciones.

En Colombia el Sistema General de Participaciones financia principalmente la política social. Su lógica de distribución privilegia el tamaño de la población y el desarrollo económico previo, por lo que no logra ser un dispositivo eficaz para cerrar brechas en dotaciones sociales básicas entre territorios muy desiguales. En particular, no privilegia los territorios de grandes reservas ambientales, densidad de población étnica, municipios rurales y pequeños poblados.

El Sistema General de Regalías debe destinarse a inversiones para el desarrollo económico; sin embargo, se dedica cada vez más a la financiación de la política social. Por ejemplo, han crecido 700% en 11 años los recursos destinados a la alimentación y el transporte de los infantes a las escuelas. Además, en ese lapso los recursos se pulverizan cada vez más en pequeños proyectos, cuyos montos promedio han disminuido 341%, amputando la posibilidad de inversiones para el cierre de brechas en desarrollo económico dentro de los departamentos y entre ellos.

Un Fondo para la Convergencia Económica Territorial podría cerrar inmensas brechas económicas entre municipios en cada departamento. El 81% de las vías terciarias están en regular y mal estado, alejando a 71% de los municipios de los mercados dinámicos y encareciendo los costos de la realización de trámites administrativos, judiciales y económicos con la lejana capital. Los departamentos más ricos no se escapan de albergar dramáticas desigualdades. Por ejemplo, Barranquilla y Soledad concentran 83% del valor agregado departamental y Medellín con el Valle de Aburrá, 66%.

Si distribuimos los recursos del fondo de convergencia en relación indirecta proporcional a la capacidad fiscal municipal y su índice de ruralidad, los departamentos que más recursos per cápita recibirían para proyectos de desarrollo económico serían los que albergan nuestros grandes ecosistemas ecológicos de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En orden de magnitud: Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonía, Vichada, San Andrés, Arauca, Putumayo, Caquetá, Chocó y Casanare.

Que los departamentos se queden con los ingresos directos que producen (IVA y Renta) no hará retroceder ni un ápice las desigualdades en el octavo país más inequitativo del mundo. Por el contrario, sería camino directo para concentrar aún más los privilegios y hundirnos hondo en el fango de una nueva edad media con pocos castillos de la abundancia, rodeado de siervos y protegidos de los territorios de la miseria.