La Gobernación de Antioquia propone que los impuestos de renta y patrimonio de las personas naturales y jurídicas se queden en manos de los departamentos. El 85% se distribuiría en relación al porcentaje de población respectiva. El 15% restante para la Dian y para un fondo de compensación asignado a los departamentos perdedores con esta propuesta.

En 2023 se recaudaron, por retención en la fuente, renta y patrimonio, aproximadamente $161 billones; por lo que un poco más de $24 billones se destinarían a la Dian y al fondo de compensación, y a los departamentos casi $137 billones.

Bogotá concentraría 15%, Antioquia 13%, el Valle 9% y con Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar (triángulo de oro extendido), acapararían casi 58% del total. Estos departamentos aumentarían sus recursos exponencialmente (gráfica 2) respecto a lo recibido actualmente por el Sistema General de Participación SGP. En cambio, Guaviare, Amazonas, San Andrés, Guainía y Vaupés obtendrían en total un monto significativamente menor: 0,7%. A excepción de Guaviare y del archipiélago, estos departamentos recibirían menos de lo que reciben actualmente por el SGP, los cuales sujetos de un fondo de compensación.

Adicionalmente, con esta propuesta, ya no sería necesario el SGP en la medida en que renta y patrimonio contribuyen casi con 50% de los ingresos corrientes de la nación. Así las cosas, cada departamento decidiría la financiación y ejecución de sus respectivas competencias descentralizadas, es decir, los sectores de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y los demás 16 sectores descentralizados.

Una propuesta alternativa se basa en el principio de la equidad para cerrar brechas socio territoriales en política social y en desarrollo económico a través de dos instrumentos. Por una parte, mediante un cambio en los criterios de distribución del SGP a favor de los municipios con significativa densidad étnica, prevalencia ambiental, mayoritariamente rurales y los pequeños pueblos; con el objetivo de dotar de más recursos a dichas administraciones municipales para prestar los servicios sociales básicos.

Por otra parte, creando un Fondo de Convergencia Económica Fecet para cerrar brechas intradepartamentales en desarrollo económico, con el objetivo de financiar proyectos en formación bruta de capital que aumenten la productividad y la competitividad de sistemas económicos territoriales.

Los proyectos se formularían y ejecutarían con cobertura supra municipal para cerrar brechas entre municipios, entre el campo y las ciudades, apoyando cadenas productivas, centrales de acopio, comercialización e infraestructuras, así como la economía campesina y los circuitos cortos.

Como lo muestra la gráfica 1, la distribución per cápita del Fecet beneficiaría más a los departamentos menos desarrollados, es decir, aquellos perjudicados con la propuesta de la Gobernación de Antioquia como lo muestra la gráfica 2.

El riesgo inminente es que a nombre de la lucha contra el centralismo nacional se fortalezca el centralismo de los departamentos más ricos que aumentan sus recursos exponencialmente más que los menos desarrollados y los más pobres. La oportunidad de oro es fortalecer las finanzas departamentales para cerrar brechas de desarrollo económico y bienestar social entre departamentos y entre los municipios en cada departamento.