Dos grandes clamores han sido expresados a la Misión de Descentralización: la necesidad de equidad y la exigencia de autonomía. Múltiples encuentros con los gremios de alcaldes y gobernadores de todos los tamaños y niveles de desarrollo, secretarios de diversos sectores y lugares de la geografía nacional, organizaciones sociales, comunitarias, ONG, académicos, funcionarios y representantes políticos coinciden.

Por una parte, Colombia es el octavo país más inequitativo del mundo y 35 años de descentralización no han revertido esta situación. Por el contrario, todavía la inequidad en oportunidades y resultados de desarrollo económico, bienestar social y capacidades de las instituciones se organizan espacialmente.

La geografía de la desigualdad condiciona, dependiendo del lugar donde uno nazca y viva, un mayor o menor riesgo de morir al nacer, años de esperanza de vida, cobertura de acueducto y alcantarillado, años de escolaridad y resultados en las pruebas “saber”, acceso al crédito, buenas carreteras, conexión a la internet, dotaciones urbano regionales, empleos de calidad, empresas y administraciones públicas de eficiencia muy desigual.

Por otra parte, hay un fastidio con el exceso del centralismo uniformizante que trata de manera igual a los desiguales, desconociendo las diferencias geográficas, ecológicas, sociales y culturales, así como las vocaciones y potencialidades económicas.

De esta manera, hay un irrespeto generalizado por la autonomía territorial y una pretensión de someter a las mismas reglas y condiciones a comunidades territoriales que claman por el reconocimiento de sus diferencias: tanto las grandes como las chicas, los pueblos de predominancia agrícola, como las aglomeraciones y los municipios con gran densidad étnica, los fronterizos e insulares, como los andinos.

Sin embargo, no siempre estas exigencias son compatibles. La búsqueda de la equidad puede fortalecer la imposición de proyectos nacionales para cerrar brechas que pasan por encima de la autonomía territorial. El reclamo de la autonomía puede fortalecer la insolidaridad social y territorial dentro de los departamentos y entre el campo y la ciudad, concentrando recursos donde ya hay más.

El mayor reto es impulsar al tiempo la autonomía y la equidad a través del Sistema General de Participaciones. Para honrar la autonomía se propone elevar de 20% a 30% una bolsa territorial de libre destinación dentro de las competencias e intereses propios de las entidades territoriales, y para el cumplimiento de las prioridades de los planes de desarrollo.

La mayoría de las localidades dependen de las transferencias para funcionar, las cuales tienen más de 80% partidas etiquetadas. También a los departamentos se les asignaría 10% de dicha bolsa de la cual hoy no tienen derecho con idéntico criterio de autonomía, es decir, sin predestinación rígida desde la ley y cuotas obligatorias para sectores de política.

Para honrar la equidad se propone hacer del sistema general de participaciones una transferencia de igualación, es decir, premiar con mayores crecimientos a los municipios de prevalencia ambiental, de densidad étnica y rurales.

Bogotá, ciudades grandes y nodos territoriales crecerían entre 3% y 48% sus recursos en nueve años, mientras las primeras entre 147% y 308%. Hoy esto es imposible porque el sistema de reparto privilegia el tamaño de la población para la asignación de transferencias, concentrando más recursos donde mayor desarrollo y capacidades existen.

Un programa de fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular de aquellas con mayores precariedades, es pieza complementaria crítica que condiciona el éxito de la estrategia de equidad. Después de todo, ser autónomo es lograr la capacidad de autogobernarse, fijar sus prioridades y ser capaces de gestionar sus decisiones y competencias con éxito.