¿Cómo distribuir competencias desde una postura razonable? Acordando quién hace qué, cómo concurren recursos y responsabilidades entre escalas territoriales y cómo se coordinan inter sectorialmente en cada nivel de gobierno. Luego, se calcularían los costos para financiar dichas competencias, atendiendo una tipología territorial básica de distintas entidades locales. Entonces sabríamos cuánta plata debiera tener la bolsa del Sistema General de Participaciones.

Pero “la razón” está lejos de explicar la construcción de las políticas públicas. Antes está la cultura del reparto, es decir, la pugna distributiva por cuanta plata se reparte, su origen, quién decide su destino y quién la maneja. En segundo lugar, surgen las competencias que financiarían dichos recursos. Es muy raro, aunque presente en algunas reglamentaciones, el interés por la eficiencia del gasto y los estímulos para alcanzar objetivos de política. Aún más marginal, y generalmente por fuera del sistema de reparto, está la gobernanza democrática de los recursos y las competencias. Como dice un gobernador: “El problema es de plata, el resto es carreta”, “Dennos la plata y todo será posible”. O como dijo un secretario de hacienda: “A nosotros no nos importa cuántas condiciones ponga el centralismo, con tal que la plata pase por nosotros y la podamos manejar”.

Así las cosas, la principal discusión sobre es sobre la cantidad de plata. 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación es la propuesta que ya cursó cinco de los ocho debates en el Congreso. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma del SGP calculó en $572 billones el monto que se dejaron de girar entre 2002 y 2023 (pesos constantes de 2023), debido a la re-centralización fiscal iniciada por Pastrana y reforzada por Uribe.

Debe advertirse que Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, la región más inequitativa del mundo. Además, los departamentos más desarrollados y aquellos que dependen de economías extractivas producen las mayores inequidades en su interior. Para completar, las grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena se destacan por producir las mayores inequidades y segmentaciones sociales. De la misma manera, después de 38 años de descentralización de la política social, persisten brechas, y en algunos casos aumentan, en resultados de cobertura y calidad en salud, educación, acceso al agua potable y al saneamiento básico.

El problema entonces no se resuelve reclamando más plata y abogando por más “crecimiento y desarrollo”. El meollo del asunto es: ¿desarrollo y plata para qué y para quién? La reforma a la descentralización puede ser la magnífica oportunidad de recuperar recursos para la financiación de la política social condicionada al cierre de brechas socio territoriales, en tres aspectos: Uno: en el acceso y goce efectivo de los bienes y servicios que garantizan la ciudadanía social como realidad para todos, independientemente del nivel de ingresos de las personas y los territorios en los que se viva. Dos: en capacidades de generar riqueza en todos los territorios del país; porque debe advertirse que es en el mercado donde se produce la concentración de la riqueza y su desigual repartición social. Tres: en las capacidades de las entidades territoriales de representar los intereses de sus habitantes y cumplir sus funciones básicas; la prelación debe favorecer a las más precarias, siendo estas las que tienen mayores recursos ambientales, gran densidad de población étnica, la mayoría de su población rural dispersa, así como los pequeños pueblos y las barriadas populares de las ciudades.

Descentralizar para democratizar debiera ser el principio y el fin de la reforma. Fortalecer el gobierno abierto, la transparencia en los procesos de decisión, contratación y ejecución de las políticas, la rendición de cuentas y un debate público e incidente que fortalezca la autonomía de las comunidades territoriales sobre sus propios intereses.