Analistas 28/11/2024

Regalías o regalos

Darío Restrepo
Director Técnico Misión de Descentralización del DNP

El Sistema General de Regalías (SGR) financió 22.337 proyectos por $67,9 billones entre 2012-2022 y espera $30,9 entre 2025-2026.

Estos recursos se distribuyen entre las Entidades Territoriales (ET) para financiar: ambiente; ciencia, tecnología e innovación; paz; grupos étnicos, al Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo Nacional de Pensiones de las ET; así como para funcionamiento; fiscalización y exploración; seguimiento, evaluación y control; y control y vigilancia.

Las asignaciones se fueron sumando en diferentes momentos políticos y reflejan la pujas en la piñata de la cultura del reparto, lo cual es inconveniente por lo siguiente: i) fomenta la atomización de la inversión e impide emprender proyectos estratégicos; ii) restringe la asociatividad pues cada mandatario gasta lo suyo; iii) desestimula las articulación de fuentes de financiación y la concurrencia entre niveles estatales; iv) duplica gastos con el Sistema General de Participaciones (SGP); v) se desprecia la formación bruta de capital y el fortalecimiento de la base económica territorial que contribuye al cierre de brechas, la equidad y la inclusión en los territorios.

El Gobierno Nacional también puja por los recursos al incluir prácticamente a todos los ministerios como receptores de 70% del gasto de funcionamiento, “por ser parte del ciclo del proyecto”. ¿Será por ello que sus “conceptos” no resuelven la debilidad de los proyectos y tampoco estimula capacidades territoriales? ¿Será que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) puede dejar de ser juez y parte, que administra y, a la vez, regula la operación? ¿$225.000 millones asignados en 2025 a la Contraloría y la Procuraduría serán insuficientes para evitar los escándalos de corrupción dirigidos por pillos agazapados en el gobierno nacional, el congreso y las localidades?

¿Cómo desmontar los “contrataderos” especializados en eludir la ley, que se apropiaron de los recursos? ¿Será que el Gobierno Nacional al fin orientará el uso de las regalías en los Órganos Colegiados de Administración y Control (Ocad) hacia proyectos estratégicos? ¿Cómo propiciar inversiones que siembren desarrollo y cuyo gasto no se consuma apenas se realiza, como en la alimentación y el transporte escolar? ¿Será posible hacer todo más sencillo fusionando los tres sistemas de asignación que están llenos de casillas que atomizan irremediablemente la inversión y la hacen presa del inmediatismo y el clientelismo rentista? ¿Nos parece normal que este enjambre complicado e ineficiente produzca 20% de sus recursos precisamente por los rendimientos financieros que provocan los retrasos de ejecución?

¿Es inevitable que el SGR tenga tan altos costos de control que no controlan y altos costos de funcionamiento que entraban la operación? ¿Cómo es posible mantener un cálculo de funcionamiento atado a un porcentaje fijo del total de recursos disponibles que estimula la compulsión al gasto sin relación real con los requerimientos de la operación?

La Misión de Descentralización recomendó: i) la entrega directa de los recursos a las ET eliminando los órganos Ocad, con base en planes y proyectos con participación incidente de la sociedad civil; ii) un estudio de costos reales de funcionamiento; iii) cesar la financiación de cuanto ministerio y programa nacional sin conexidad con el objetivo de financiar proyectos estratégicos de formación bruta de capital, mediante la asociatividad territorial y la concurrencia de recursos; iv) la simplificación del sistema y la fusión de casillas de gasto que permitan proyectos de envergadura; v) el respeto a la autonomía de las comunidades territoriales sobre las decisiones de gasto.

Los proyectos de ley que transitan en el Congreso Nacional no alteran la cultura del reparto; desconocen la asociatividad y concurrencia; perpetúan la desarticulación y descoordinación; se olvidan de la formación bruta de capital, el fortalecimiento de la base económica y, principalmente, del cierre de brechas, la equidad y la inclusión territorial. Por el contrario, proponen nuevas asignaciones; aumentan el gasto de funcionamiento; mantienen la concentración del poder en el nivel central que no garantiza inversiones estratégicas; y pretende cubrir gastos corrientes de las ET con recursos que son finitos.

La piñata sigue…

*Con la colaboración de Yesid Sandoval

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