El terremoto y la obligación de reconstruir con derechos

El terremoto del 10 de agosto golpeó una parte significativa del territorio nacional y dejó una tragedia de enormes proporciones: afectó a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos, con 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos, 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas, además de graves daños en infraestructura pública.

Ante esta realidad, un gobierno puede asumir la emergencia como un negocio, responder desde la negación de derechos o actuar como Estado, mediante una política pública basada en derechos humanos. Lastimosamente, las primeras actuaciones de De la Espriella parecen inclinarse por la primera opción. Vale la pena, entonces, señalar algunos criterios que debería seguir una respuesta estatal a esta emergencia cuando se asume desde esa perspectiva.

El primero es elemental: las medidas deben guardar estricta relación con la atención del desastre y respetar los derechos constitucionales. Sin embargo, mediante algunos decretos se han adoptado decisiones que desbordan ese propósito: suspender concursos de mérito compromete la igualdad en el acceso al servicio público; eliminar los estímulos del Ministerio de las Culturas debilita el apoyo a la creación, y restringir el acceso a información pública limita el control ciudadano y facilita la corrupción. La tragedia debe servir para proteger las garantías ciudadanas, no para limitarlas de manera desproporcionada e inconstitucional.

Un segundo criterio es que la atención sea integral, diferencial y garantice la participación efectiva de las víctimas, reconociéndolas como sujetos de derechos y sujetos políticos. Los planes de reconstrucción deben construirse con las comunidades, de acuerdo con sus realidades culturales y territoriales, sin imponer soluciones ajenas ni trasladarles nuevas cargas o endeudamientos, y deben servir para superar las vulnerabilidades que ya existían en vivienda, salud, educación, agua, energía y medios de vida.

Hasta ahora no se conoce ninguna iniciativa con este enfoque, y durante la emergencia se tardó demasiado en conocer y atender la situación de los territorios rurales y las comunidades étnicas.

Un tercer punto esencial es la transparencia. Una emergencia de esta magnitud exige información pública, un plan claro y controles efectivos contra la corrupción. Hoy el país no sabe con certeza cuál es la hoja de ruta de la reconstrucción, de dónde provendrán los recursos públicos, cómo se invertirán ni qué destino tendrán los aportes privados.

A esto se suma la falta de claridad sobre la decisión de recibir donaciones en una fundación de la primera dama y sobre las garantías para evitar que ese dinero sea robado, termine financiando negocios inmobiliarios o procesos de gentrificación que desplacen a las comunidades de los territorios afectados.

Frente a estos riesgos, la veeduría ciudadana será fundamental para garantizar que la atención y la reconstrucción respondan a una política pública basada en derechos humanos. Las víctimas, como sujetos de derechos y sujetos políticos, deben tener un papel central en esa vigilancia, junto con organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y ciudadanía.

Hay que vigilar los recursos, las decisiones y sus resultados para exigir una reconstrucción que cierre brechas y garantice derechos, no que profundice desigualdades ni convierta la tragedia en un negocio para unos pocos. De cómo reconstruyamos dependerá si este desastre termina reduciendo las inequidades o ahondando las que ya existen.