Los minerales estratégicos, como el oro, la plata, el cobre y las calizas, son fundamentales en la transición energética, ya que son necesarios para fabricar tecnologías limpias, como baterías, paneles solares y turbinas eólicas. A medida que crece la demanda de vehículos eléctricos y la necesidad de reemplazar combustibles fósiles, estos minerales adquieren aún más relevancia.

Colombia tiene un gran potencial en esta transición, pero en lugar de aprovecharlo, el gobierno busca acabar de golpe con el sector minero legal en la COP16 que se realizará en Cali.

Se ha comentado públicamente que el Ministerio de Ambiente, como preámbulo a la COP16, está a punto de emitir las primeras resoluciones que implementarían el Decreto 044 de 2024. Este decreto permite al Ministerio declarar y delimitar áreas de reservas temporales con el claro objetivo de bloquear proyectos que se encuentren en una etapa avanzada de exploración de oro y cobre, entre otros, en los departamentos de Santander y Antioquia.

Esto sería solo el comienzo, ya que con este decreto también podrán restringir a las empresas con títulos mineros existentes la posibilidad de continuar sus actividades de exploración y producción.

Las reservas de recursos naturales podrán declararse sin realizar estudios previos ni consultar a las comunidades e interesados, lo que sería inconstitucional y contradictorio con las normas ambientales que el gobierno dice proteger.

Esto implica que se podrán establecer reservas incluso en áreas con contratos activos y donde ya se han realizado inversiones significativas por parte de los titulares de derechos. Estas reservas, con una duración de hasta cinco años y posibilidad de prórroga, crearán la tormenta de incertidumbre perfecta para ahuyentar la inversión en el sector minero.

Este sector es crucial para el desarrollo territorial y para reducir las brechas regionales a través de los aportes de regalías. No son cifras menores: en 2023 se recaudaron $9,19 billones en regalías, el mayor monto en la historia del sector minero colombiano, superando en un 50% lo recaudado en 2022 ($6,13 billones) y en un 672% el recaudo de 2021 ($1,19 billones).

Usar la COP16 como plataforma para acabar con el sector minero legal no solo pone en peligro recursos importantes para las regiones más vulnerables del país, sino que también resulta incoherente en el contexto de la discusión sobre la transición energética.

Si lo que estamos buscando es usar cada vez menos combustibles fósiles, debemos enfocarnos en fortalecer la minería legal de minerales estratégicos que permitirá hacerlo. Y si lo que queremos es mitigar los efectos del cambio climático, debemos enfocarnos en acabar la minería ilegal que es una de las causas principales de deforestación en el país.

La declaración de estas áreas de reservas temporales, que podrá aplicarse de forma indiscriminada y respondiendo únicamente a intereses ideológicos de este gobierno, será la estocada final al sector minero legal colombiano, afectando recursos importantes de los territorios, alrededor de 350.000 empleos directos y casi un millón de empleos indirectos. Esta no es una transición energética sostenible ni justa.