Bien decía Benjamin Franklin: “En este mundo nada puede darse por seguro, excepto la muerte y los impuestos”. Con el Gobierno Petro, la premisa de Franklin se llevó al extremo. El Presidente presentará otra reforma tributaria, una decisión alarmante, considerando el crecimiento económico de apenas un 0,6% del año pasado. Exceptuando la pandemia, la economía tuvo el peor resultado del siglo XXI.
La nueva tributaria se suma a una sobrecargada agenda legislativa, generando más inquietudes justo cuando la inversión se desplomó un 25%. La ausencia de inversión refleja falta de confianza, y otra tributaria no ayudará.
Para rematar, el anuncio del ministro Bonilla vino acompañado de otro proyecto de ley que incrementaría el techo de la deuda del Gobierno en más de $60 billones. Este monto equivale a tres reformas tributarias de 2022. El Gobierno ha probado ser ineficiente en la ejecución de recursos, y es la primera vez que dispone de tantos. Vale la pena preguntarse si podrán ejecutar más. Es un mal síntoma que, en enero de este año, la ejecución fuera la más baja en ocho años ¿Será torpeza o un despiadado cálculo para retener recursos hasta el año preelectoral?
Ahora bien, cabe destacar que la única reforma que el Gobierno ha conseguido aprobar fue la tributaria del exministro José Antonio Ocampo. Esta, presentada como “la única tributaria del cuatrienio”, ahogó al país en impuestos justo cuando nos recuperábamos de pandemia, provocando un estancamiento inmediato. Por tanto, fui de los pocos congresistas que se opusieron a esa reforma votándola negativamente.
Además, esa reforma aún no se implementa por completo. Este año, provocará un incremento de 15% en los precios de varios alimentos, cifra que ascenderá a 20% en 2025. Asimismo, las personas naturales enfrentarán desafíos debido al aumento del impuesto de ganancia ocasional de 10% a 15%, junto con una reducción de deducciones fiscales aplicables a intereses de préstamos hipotecarios y créditos educativos.
Dada la apretada agenda legislativa, el limitado espacio para debates constructivos y las dificultades económicas, sería imprudente apoyar otra tributaria. Si bien sería beneficiosa la reducción de la tasa de renta corporativa de 35% a 30% para aliviar la carga sobre las empresas, el Gobierno también pretende incrementar impuestos sobre personas naturales. Con el afán mostrado por disponer de más recursos, es improbable que promuevan una reforma neutra, es decir, una reforma que no incremente el recaudo total.
Si el objetivo fuera solo reducir los impuestos a las empresas, iríamos por buen camino. La mejor reforma es un crecimiento económico robusto, que aumente el recaudo a punta de buenos resultados individuales. En este sentido, aliviar a los empresarios, que son motores de innovación y empleo, es la mejor fórmula. Sin embargo, el comunicado del Ministerio de Hacienda, culpando a las utilidades empresariales por el aumento de la inflación, no es buena señal y deja muchas dudas sobre las intenciones gubernamentales.
El diablo está en los detalles, y la falta de claridad sobre cómo se aplicarán nuevos impuestos podría agravar un contexto ya de por sí delicado. La presión tributaria podría mermar aún más la capacidad de los hogares para ahorrar, consumir e invertir.
Por todo lo anterior, votaré en contra de cualquier propuesta de reforma tributaria en el tenso contexto actual. La gente evita invertir ante la inminencia de más reformas. Y sin inversión, Colombia no progresa.