Con persistencia y fórmulas imaginativas, las entidades territoriales han ido saliendo de un rezago ancestral en sus políticas para sortear los efectos del cambio climático y para garantizarles a la comunidad y a sus sectores productivos la seguridad hídrica que requieren.

Esta visión optimista y esperanzadora tiene firme asidero en la realidad. Hace cuatro años, solo 99 municipios en el país tenían incluidos los determinantes ambientales en sus planes de ordenamiento territorial. Hoy, 65% de ellos, en los 32 departamentos, los han incorporado con visión estratégica en sus instrumentos de planificación.

Al hacerlo, cuentan con herramientas más eficaces, no solo para asegurar el abastecimiento del recurso hídrico, sino para resolver los conflictos asociados a su uso y disponer racionalmente de fuentes atractivas para la inversión empresarial bajo condiciones de sostenibilidad y compatibilidad con el ecosistema ambiental.

Ese cambio en la cultura de la planeación no ha dependido exclusivamente de las normas nacionales y supranacionales, como los tratados públicos que le exigen al país el cumplimiento de metas específicas en este campo. Hoy son las propias entidades territoriales las que suman esfuerzos para darles un progresivo alcance nacional a sus potencialidades locales.

La mejor prueba de ello la acaban de dar los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y Meta y la alcaldesa del Distrito Capital al firmar -con los mejores augurios- una alianza para garantizar la seguridad hídrica en la región central. Afianzan así las bases de modelos asociativos y colaborativos que pronto serán replicados en otras regiones.

Las claves para garantizar el éxito del modelo son cuatro: articular instrumentos de planificación y políticas regionales; emprender acciones de mitigación y adaptación dentro de cada uno de los territorios; fomentar el pacto por el aire limpio en las ciudades principales de la región central, y edificar un sistema regional de información sobre el agua de la región central.

Alianzas de esta naturaleza ponen al país en mejores condiciones para cumplir a cabalidad de los compromisos derivados de la Resolución 70/1 de 2015, emitida para la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa Resolución dio vida a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda exige que de aquí a 2030 sea alcanzado el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Exhorta a mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos. No hace optativo, sino imperioso, reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial

El acelerado avance de los efectos del cambio climático nos obliga a actuar con mayor decisión en el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y a trabar con mayor ahínco en la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a su escasez.

Con esa actitud proactiva las entidades territoriales hacen que no se queden sólo sobre el papel postulados tan importantes como los que están contenidos en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, adoptada en París, hace ya 26 años, sobre el cumplimiento de programas destinados a prevenir la degradación de las tierras y mitigar los efectos de las sequías.

Las entidades territoriales que le suscribieron un convenio tan trascendental disponen de importantes recursos que serán ahora mejor protegidos.

La cuenca del río Bogotá, por ejemplo, abarca una extensión de 589.465,532 hectáreas y se distribuye en 47 municipios y 19 subcuencas. En su jurisdicción hay tres corporaciones autónomas que deberán apalancar sus esfuerzos: la CAR Cundinamarca, Corpoguavio y Corporinoquia

El Proyecto Distrito de Riego del Triángulo del Tolima, otros de los departamentos firmantes, busca incorporar a la producción agraria del país 24.607 hectáreas y disponer de una infraestructura adecuada de riego, drenaje, vías y modernas tecnologías de desarrollo agrícola.

Recursos no faltan y voluntad política y administrativa tampoco. Lo que si no puede faltar es responsabilidad social porque cuidar el agua, evitar la contaminación y tratar correctamente la disposición de las basuras es responsabilidad de todos y no solo de los gobiernos. El agua es sinónimo de vida, prosperidad y productividad.