Las entidades territoriales en Colombia han dado prueba de su capacidad y disciplina para hacer un buen manejo de la deuda pública, que hoy es una de las más bajas de América Latina. Al mismo tiempo, están haciendo cada vez mejores méritos para que esa fuente de recursos se fortalezca y sirva para apalancar mejor sus proyectos de inversión social.

Ese comportamiento responsable en los campos fiscal y financiero ha permitido incluso que el Gobierno Nacional, en tiempos de crisis y coyunturas especiales, se apoye en los recursos disponibles de departamentos y municipios para sortear sus propios gastos. La disposición de recursos de regalías y del Fonpet dan fe de ello.

El uso del endeudamiento como mecanismo para financiar la inversión no ha sido recurrente por parte de las administraciones territoriales. Al cierre de 2021, el saldo de la deuda en promedio representaba solo 7,5% de los ingresos totales. Por eso no debe estancarse.

Si planteamos que la deuda de los departamentos en nuestro país es baja, debemos tener por lo menos un claro referente de comparación respecto a lo que ocurre en las administraciones subnacionales de otros países de la región. Pues bien, miremos un par de ejemplos estudiados por el equipo técnico de la Federación Nacional de Departamentos.

En Argentina entidades como Mendoza (61,55%), Santa Fe (17,94%), Córdoba (57,31%) y Buenos Aires (63,78%) muestra en promedio que su deuda representa el 50,15% de su total de ingresos. En Brasil entidades como Minas Gerais (130,2%), Paraná (45,1%), Sao Paulo (127,4%, y Río de Janeiro (57,2%), muestran en promedio que su deuda representa el 89,99% de su total de ingresos.

A diferencia de lo que pudieran creer algunos escépticos, la deuda de las entidades territoriales no se disparó durante la crisis asociada a la pandemia del covid-19, si bien los esfuerzos fiscales y financieros de las entidades territoriales fueron enormes. Como peso del PIB, el endeudamiento territorial al concluir 2019 representaba 5,2%. De ese porcentaje, solo 1,57% provino del endeudamiento directo de los departamentos, que fue del 0,46% del PIB, y del de los municipios, que llegó a 1,11% del PIB. La emergencia sanitaria trajo consigo inflexibilidad en las fuentes de financiamiento y restringió el acceso a las fuentes generadoras de recursos temporales como el endeudamiento.

En este contexto es legítima la aspiración de las regiones a que la regla fiscal les dé un trato diferencial, ya no solo para favorecer sus resultados fiscales positivos, sino para promover inversiones que permitan acelerar las metas de desarrollo y ganar mayores atributos para alcanzar mayor descentralización y autonomía. Es indispensable entonces ampliar el margen de endeudamiento para prevenir estancamientos de su desarrollo económico y social.

En otras palabras, el endeudamiento, como fuente discrecional de los departamentos y municipios, puede impulsar el crecimiento económico y el desarrollo regional. Como está claro que el bajo nivel de la deuda obedece a la racionalidad en el gasto y a la disciplina fiscal, es hora de facilitar su crecimiento en medidas comparables a las de otros países con capacidades similares al nuestro.

No podemos dejar pasar las oportunidades para financiar el desarrollo de las regiones, mediante proyectos que mejoren la competitividad y promuevan el desarrollo social y económico, haciendo uso del endeudamiento en una mayor escala a los niveles actuales.

La deuda se ha financiado con fuentes tradicionales provenientes en su mayoría de la banca local. Se requiere ahora de nuevas fuentes de fondeo y, por supuesto, de nuevos mecanismos de acompañamiento a la ejecución de recursos para garantizar su eficiencia y efectividad. Los resultados se verán reflejados en proyectos de inversión bien estructurados y de probada utilidad social.

Está identificada la necesidad de abrir nuevas oportunidades para que otros segmentos del mercado participen en el financiamiento de planes de inversión de los territorios. Las colocaciones de deuda en el mercado de capitales es una alternativa aconsejable. Existe una gama importante de diversos tipos de ahorro en el financiamiento de las iniciativas de inversión regional. Las entidades territoriales y en especial los departamentos tienen una inmejorable historia crediticia que debería facilitar este proceso.

¿Cómo darle estabilidad a una política de esta naturaleza? La más útil de todas las herramientas es el Plan Nacional de Desarrollo, que darle estatutos de política pública y sostenible al crecimiento progresivo y racional de la deuda pública territorial.

Esa es una misión que convoca al próximo gobierno, al nuevo Congreso -con la participación de las administraciones territoriales- llamados a darle al Plan un mayor énfasis regional. Ese será otro paso crucial para llegar a la meta de la descentralización y la autonomía que añora y busca decididamente el país.