La cuota de sacrifico de la Fuerza Pública en su lucha por preservar la seguridad ciudadana sigue siendo enorme. Con corte al 15 de octubre, según el Ministerio de Defensa, habían sido asesinados 47 integrantes de la Policía Nacional y habían caído en campos sembrados de minas explosivas y en atentados 31 soldados.

Ellos y ellas (se registran dos jóvenes patrulleras entre las víctimas) ofrecieron sus vidas en su misión de cortar el espiral de la violencia que viene siendo exacerbada por las acciones de grupos residuales, disidencias de las antiguas Farc, el Clan del Golfo y delincuentes comunes que actúan con propósitos diferentes, pero igualmente perversos. Unos pretenden reasumir el control territorial en zonas que tradicionalmente representaron el meridiano del conflicto, otros seguir lucrándose con rentas ilegales y otros más apoderarse de patrimonios ciudadanos alcanzados con esfuerzo y laboriosidad.

La institucionalidad ha venido respondiendo con vigor. Los cuadros de los grupos extremistas, que no reparan en métodos infames como el reclutamiento de niños, han venido siendo desarticulados. La judicialización de sus crímenes ha crecido en más del 37 % en relación con años anteriores y las autoridades responsables de la misión de la preservación del orden público, en todo nivel de gobierno, articulan y aplican estrategias para evitar que la cultura del miedo, que los violentos pretenden imponer, encuentre más arraigo en el país.

El desafío que debemos enfrentar como sociedad es de gran tamaño en los distintos ámbitos afectados por la violencia. Centros de pensamiento, como Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) nos muestran un mapa territorial de 22 estructuras narcoparamilitares y grupos delincuenciales con 5.360 integrantes; 34 estructuras disidentes de las Farc, con 5.200 hombres y mujeres en armas; y 2.450 guerrilleros del ELN.

Si revisamos la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, del DANE, la tasa de percepción de inseguridad en ciudades y municipios fue 39,0% que, si bien descendió 4,7 puntos porcentuales en relación con años anteriores, debe seguir siendo motivo de reflexión y referente de acción colectiva. No podemos dejar exclusivamente en hombros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional la responsabilidad de enfrentar el espectro de la violencia, que podría tener en la cultura del miedo a uno de sus mejores aliados. A los violentos y extremistas de distinta especie les conviene que la sensación de inseguridad, y con ella el miedo, crezcan, y pretenden alimentarlas con acciones recientes como el atentado terrorista contra la caravana del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, o el confinamiento que quieren imponer en las regiones del Catatumbo donde el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, lidera las políticas públicas contra la inseguridad.

La sociedad toda está llamada a reaccionar. Sin menoscabo alguno de las normas que le dan sustancia al Estado Social de Derecho, la comunidad debe ser solidaria con los esfuerzos desplegados por el Gobierno Nacional y representantes de todos los poderes públicos para concertar soluciones pacíficas, efectivas y perdurables a una situación que afecta por igual a todos los colombianos. Será de interés nacional la Cumbre sobre la Seguridad Ciudadana, Justicia y Convivencia que se realizará los próximos 21 y 22 de octubre en Montería.

Allí la Federación Nacional de Departamentos y Asociación de Ciudades Capitales, junto con el gobierno nacional, plantearán debates incómodos, pero más que necesarios en esta coyuntura. No solo habrá una reflexión ponderada y profunda sobre lo que podríamos llamar el “estado del arete” del problema, sino que serán proyectadas nuevas estrategias que tendrán en la ciudadanía a un protagonista de primer orden.