La elección de un nuevo Congreso y la decantación de la lista de aspirantes a la Presidencia de la República que se producirá el próximo domingo en las urnas, no solo representan una oportunidad histórica para el fortalecimiento de la democracia colombiana, sino que bien podrían marcar el inicio de una nueva era en las relaciones entre la Nación y sus territorios.

Entre las tareas prioritarias de los nuevos senadores y representantes estará la formulación, de la mano de un nuevo gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una misión sensible en la medida en que las regiones ya no pueden seguir siendo convidadas de piedra en un proceso que requiere de un amplio margen de participación y consenso.

Por fuerza de la costumbre, el Plan de Desarrollo venía teniendo a lo largo de nuestra historia un carácter vertical, impositivo. El Gobierno y el Congreso lo formulaban y las administraciones territoriales tenían que adaptarse a él. Ahora, la nueva realidad generada por las dinámicas de la descentralización y la autonomía exigen que las regiones participen en su confección, con propuestas concretas e intención de reformas factibles.

Es por eso desde la Federación Nacional de Departamentos -centro de pensamiento del desarrollo regional- hemos venido construyendo, en el escenario de mesas técnicas, amplias y participativas, una serie de propuestas que servirán para nutrir las agendas y propuestas de quienes sean elegidos senadores y representantes.

Es justa la aspiración de los mandatarios regionales en el sentido de tener mayor incidencia en la agenda legislativa y en el Plan Nacional de Desarrollo, carta de navegación para los próximos cuatros años.

Ya hay varias propuestas elaboradas en el ámbito de las finanzas y el desarrollo económico de las entidades territoriales. Solo por anticipar algunas de las más importantes, es preciso destacar el interés regional alrededor de la necesidad de impulsar una reforma que facilite el cumplimiento del mandato contenido en Artículo 356 de la Carta Política, en el sentido de que las entidades territoriales no recibirán funciones a su cargo si no están acompañadas de los recursos necesarios para cumplirlas.

Ese mandato hace parte del espíritu de la Regla Fiscal y su expresión más visible se encuentra, como lo expliqué en una columna reciente, en el Sistema General de Participaciones (SGP).

Para entender mejor el propósito que nos planteamos, revisemos sucintamente algunas cifras macroeconómicas. Para este 2022 el Presupuesto General de la Nación es cercano a los $350,4 billones, en tanto que el SGP supera por poco los $37,3 billones y equivale al 10,65%. Por sectores, la mayor en los recursos del sistema los tiene la educación, con un 56,18%; la salud alcanza 28.22% y hay un 13,65% dispuestos para libres destinación e inversión, el deporte y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Los municipios ribereños cuentan con un 0,61 por ciento y los resguardos indígenas del 0,64%.

Hay una verdad de apuño: la mayor parte de los recursos se van a gastos de funcionamiento y la inversión social dispone de espacios limitados. Por eso las regiones aspiran a que el nuevo Congreso retome y tramite un proyecto que busca incrementar el SGP en el 35% de los ingresos corrientes de la nación. No se trata, por supuesto, de una propuesta improvisada, sino que ha supuesto un ponderado análisis de las cifras macroeconómicas y fiscales.

La partición de SGP en los ingresos corrientes de la Nación sería paulatina y se sujetaría a un periodo de transición. Provendría entonces de una reducción de la inversión del Gobierno Nacional Central (GNC). Esto quiere decir que habría un mayor avance hacia descentralización, a tono con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una de las fórmulas para lograrlo sería la disminución en el porcentaje de aportes directos exigidos a los departamentos al FONPET, sin afectar el pago de pasivos pensionales adeudados.

Por supuesto hay muchos más insumos para la configuración de la agenda legislativa y del Plan Nacional de Desarrollo, que iremos presentando progresivamente. Por ahora debemos tener en claro que el domingo en las urnas están en juego las nuevas esperanzas y expectativas de un país que crece desde sus regiones y que espera de ellas un papel más decisivo en el impulso al desarrollo nacional.