Un esfuerzo conjunto desplegado por el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales ha servido para que el nuevo marco legal del que está siendo dotada la administración de las regalías sirva, en un plazo razonable, para enfrentar los afectos de la crisis económica generada por la pandemia y alcanzar los objetivos de recuperación y reactivación.

La reciente reforma al régimen de regalías y el presupuesto bienal, que ha recibido luz verde en las comisiones económicas del Congreso de la República, serán mucho más que simples paliativos frente a los impactos negativos acusados por el sector minero y de explotación de hidrocarburos por la caída de los precios internacionales de las materias primas que hacen parte de la matriz exportadora del país.

De acuerdo con los pronósticos iniciales de los expertos, los recursos que reciben las entidades territoriales a través del Sistema General de Regalías (SGR) verían un retroceso del 17% y pasarían de $18,6 billones, para el bienio 2019-2020, a $15,4 billones, según la proyección de ingresos para los próximos dos años.

No obstante, la reciente reforma al régimen de regalías otorgó mayores recursos a las entidades territoriales certificadas como productoras, sin afectar el ingreso de aquellas catalogadas como no productoras. Este cambio significó un incremento valioso del porcentaje destinado a inversión, acompañado por la reducción de los recursos reservados al ahorro y funcionamiento del sistema. Porcentualmente, el nuevo sistema de regalías tendrá un porcentaje para inversión de 92,5% de los ingresos corrientes del SGR, lo que supera con creces el 73% destinado a inversión del antiguo régimen.

Ahora bien, el proyecto de ley de presupuesto bienal de regalías para la vigencia 2021-2022 refleja las nuevas reglas del juego del régimen de regalías consignadas en la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020. En primer lugar, la reforma al SGR autorizó el adelanto de los recursos de la asignación para la paz de las próximas ocho anualidades, de acuerdo con el plan de recursos vigente, generando sostenibilidad y comprometiendo a gobiernos presentes y futuros en su implementación. Si bien el proyecto de ley no incorpora dichos recursos, sí vincula los excedentes financieros del sistema general de regalías a ese rubro para la paz, con recursos que ascienden a $75.427 millones.

Esos recursos perfilan un rostro social porque serán utilizados para atender las necesidades en los territorios que en el pasado reciente hicieron parte del meridiano de la violencia, conflicto y que hoy buscan su reivindicación.

Otro elemento relevante de la iniciativa lo constituyen los rendimientos financieros generados a 30 de agosto de 2020 en la cuenta única del Sistema General de Regalías, que ascienden a $1,75 billones. De ellos, $1,12 billones serán incorporados a la Asignación para la Paz e invertidos en la atención de los compromisos derivados del acuerdo final del conflicto armado.

En estas circunstancias, podemos calcular ya en $4,42 billones los recursos de regalías destinados para la paz en el bienio 2021-2022. De ese conjunto de recursos, cerca de $2,3 billones están contemplados ya en el proyecto de ley. Los restantes deberán ser traídos a valor presente e incorporados al presupuesto bienal mediante decreto por parte del Gobierno Nacional.

Si bien por concepto de regalías serán recibidos menores ingresos netos en los próximos dos años, es importante resaltar la actitud decidida del Gobierno Nacional, con el respaldo de los gobernadores, para incrementar el porcentaje destinado a inversión y el esfuerzo por lograr mayores recursos para la paz. Estos dos enfoques indudablemente redundarán en mayor desarrollo económico y social de las regiones del país.

El gasto público regional y nacional son la clave para la reactivación. Cada día cobramos mayor conciencia de que la inversión a través del Presupuesto General de la Nación, los recursos de regalías, las transferencias, en fin, todo el gasto público, debe estar dirigido con calidad y eficiencia a la recuperación económica y social a la que estamos comprometidos. En ese contexto, las inversiones y la destinación de las regalías resultan más que estratégicas.