Una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, que genere el equilibro necesario entre las competencias asignadas a los gobiernos territoriales y la disposición de los recursos disponibles para ejecutarlos, es el hito de partida hacia un nuevo modelo de gobernanza regional con dos pivotes fundamentales: la descentralización y la autonomía.

No será un proceso de generación espontánea porque ya están establecidos cimientos sólidos para que la hoja de ruta hacia esos dos puertos se vaya viendo libre de obstáculos. Los departamentos y municipios cuentan con una Ley de Regiones para dibujar un nuevo mapa administrativo, que vaya más allá de los límites geográficos y sirvan para consolidar intereses regionales gracias a la conformación de esquemas asociativos.

La Ley de Regiones el nuevo Estatuto Departamental, la reforma al Sistema General de Regalías y la Ley Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca Metropolitanas -por citar solo algunos de los instrumentos más importantes- son guías demarcan esa ruta y la liberan de los escollos del pasado. El modelo de gobernanza, que podríamos comparar con un trabajo de alta ingeniería administrativa, cuenta también con los planos orientadores de la Misión de Descentralización.

Las circunstancias aconsejan desconcentrar funciones en los entes territoriales con el respectivo respaldo presupuestal, como es el caso de la administración de las tierras baldías de la Nación y los procesos de titulación y transferencias, actualmente lideradas por la Agencia Nacional de Tierras.

Las regiones, cada vez más proactivas, muestran hoy un grado de madurez administrativa formidable. Han alcanzado gracias a ello lo que algunos expertos denominan un “alto estadio de gestión”. Su interlocución con el Estado central es cada vez más fluida y mejor calificada y su capacidad de gestión ha hecho posibles avances en la construcción de políticas públicas cada día más centradas en las necesidades de sus comunidades.

Durante la Cumbre Nacional de Gobernadores que deliberó en Sucre el presidente Iván Duque ratificó por eso que el histórico 56 por ciento que alcanzan las transferencias de recursos hacia los territorios ha sido encauzada, de manera estratégica, hacia obras socialmente vitales en los 32 departamentos.

Basados e el propio inventario que presentó allí el jefe del Estado, gracias a esa gestión proactiva de los gobiernos departamentales fue alcanzada la meta de gratuidad en la educación pública para los estratos 1,2 y 3. Merced al mismo atributo, el gobierno, en todos sus niveles, consiguió duplicar el número de Unidades de Cuidados Intensivos durante emergencia sanitaria y potenciar la oferta de Viviendas de Interés Social.

Si la inversión se desagrega territorialmente, como lo hizo el mandatario ante los gobernadores, los resultados son más que alentadores. La Región Caribe, por ejemplo, ha recibido $92,9 billones. Los proyectos ejecutados allí van desde el segundo cable submarino y el relleno sanitario Magic Johnson, en el archipiélago de San Andrés, hasta el Parque Eólico de La Guajira; pasando por el Pacto del Golfo de Morrosquillo y la construcción de vías tan importantes como el corredor Santa Marta-Riohacha-Paraguachón.

Esa misma sinergia sirvió para liberar al departamento del Vichada de la dependencia de Venezuela en materia energética y para fortalecer la salud con obras como el nuevo Hospital de Barichara, en Santander. También, para rescatar viejos anhelos como la vía Cajamarca-Calarcá, en los confines del ahora sí renovado Túnel de la Línea, y para sacar adelante al Aeropuerto Chachagüí de Pasto.