Nunca he sido amigo de los anuncios apocalípticos, ni agorero de desastres. Sin embargo, existen razones objetivas para advertir que la vida administrativa y la estabilidad financiera de las entidades territoriales está en riesgo y que, de persistir la situación actual, a la vuelta de quince años podríamos estar haciendo un réquiem por los principios de la descentralización y la autonomía consagrados por la Constitución que hoy nos rige.

Los departamentos y los municipios asumen de tiempo atrás nuevas responsabilidades, mientras ven disminuidos sus recursos. Han tenido que asumir enormes sacrificios para sacar adelante el nuevo Sistema General de Regalías, que en algunos departamentos representó aumentos, pero en otros disminuciones de sus proyecciones de prespuesto. Así mismo, para tratar de enderezar el rumbo del Sistema General de Participaciones, que cuenta con fórmulas alejadas de las dinámicas territoriales actuales y, finalmente, para apoyar algunos de los programas ejecutados -con buen criterio- por el gobierno del presidente Iván Duque.

Mientras tanto, ven cómo se dilatan o descartan decisiones administrativas y legislativas fundamentales para su estabilidad. La puesta en marcha de la Misión de Descentralización, pese a ser un mandato legislativo, hoy más de un año después no se ha materializado. La aplicación de la Ley de Punto Final, que busca sanear las deudas del sistema de salud está rezagada y la Ley de Regiones aguarda por una reglamentación que haga expedita su aplicación. Crece la migración venezolana, pero no hay certeza sobre lo que haya de ocurrir con la Ley de Fronteras. La transición del viejo régimen penal al sistema acusatorio aún no termina y mientras tanto, alcaldes y gobernadores tienen que hacerse cargo de los capturados a los que aun no se les define la situación jurídica.

La lista podría ser más exhaustiva, pero me limitaré a decir que, durante la reciente cumbre de gobernadores en Puerto Gaitán, Meta, los mandatarios abogaron por la aprobación del nuevo Código de Régimen Departamental, que les ayude a salir de numerosos limbos administrativos y se preguntaron qué más podrán hacer las regiones para maximizar el impacto de las inversiones por $150 billones necesarios para la reactivación económica.

En este contexto, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios han venido proponiendo soluciones estructurales para que, a la luz de la perspectiva de un país de regiones, el gobierno nacional y los gobiernos territoriales no marchen por caminos distintos y para que los grandes proyectos de desarrollo no permanezcan atados per se a los intereses partidistas.

El punto nuclear de su propuesta es la unificación del período del Presidente de la República con los de los alcaldes y gobernadores, de manera que desaparezcan los baches, interregnos y sesgos electorales que afectan, como lo he explicado, la estabilidad administrativa y financiera de las entidades territoriales.

No estamos proponiendo soluciones de facto ni desquiciamientos constitucionales. Estamos invitando a que, dentro de los cauces de nuestro ordenamiento democrático, se dé un debate abierto y participativo, que conduzca a un consenso. La Constitución de 1991, próxima a cumplir 30 años, fue fruto de acuerdos de esa naturaleza y no clausuró las puertas para que se produzcan otros nuevos que sirvan para llenar vacíos sin desvirtuar su espíritu.

El Congreso de la República, donde están ampliamente representados todos los sectores políticos y sociales, sería el escenario natural de una discusión esencial de esa naturaleza. Allí no sería tomada decisión alguna que fuese producto de condicionamientos ni imposiciones, sino guiada -es cierto- por intereses genuinos de las regiones, que no tienen por qué chocar con los llamados “intereses nacionales”.

Esas son las razones por las cuales ponemos a consideración del país una propuesta sobre la cual esperamos pronunciamientos serios y de fondo, desprovistos de prevenciones y temores.

No hay razón para temerle a una discusión orientada sanamente a cerrar brechas en el desarrollo y planeación nacional y a corregir desequilibrios y asimetrías entre lo nacional y lo regional.