Por estos días se cumplen veinte años desde que Nicaragua acudió a la Corte Internacional de Justicia en busca de un imposible histórico y jurídico: reclamar su soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El próximo 19 de noviembre recordaremos también que, hace nueve, la Corte produjo un fallo en el que, si bien reconoció los territorios insulares como colombianos, modificó en la práctica los términos del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que se suponía intangible, y le reconoció a Managua derechos económicos sobre una amplia porción marítima que jamás ha sido suya.

Como bien lo han explicado los juristas que defienden la posición colombiana en las audiencias ante el alto tribunal, la sentencia de 2012 no tuvo en cuenta la presencia ancestral y soberana de nuestros raizales en la zona del diferendo y mal podría entonces dejar en firme una decisión que ignora su existencia como comunidad y como cultura étnica y afectar nuestra integridad territorial.

Hace un mes, con ocasión de la Cumbre de Gobernadores Bicentenario de la Constitución, celebrada en Cúcuta, el presidente Iván Duque Márquez le explicaba al país que Colombia hacía una dúplica o respuesta vigorosa a las pretensiones del demandante y no podía sustraerse del litigio porque, a la luz del Artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, hacerlo sería otorgarle la razón a Nicaragua.

Sin embargo, tanto el Mandatario como los gobernadores estuvieron de acuerdo en que la batalla jurídica requiere el complemento de una acción vigorosa del Estado para impulsar el desarrollo económico, el progreso y la equidad social en nuestra más valiosa posesión de ultramar.

Así entonces los gobiernos territoriales y el gobierno nacional se reencuentran en San Andrés y Providencia. Más allá de simbolismos y protocolos, la nueva Cumbre será realizada bajo la consigna de revindicar y afianzar, con acciones concretas, la soberanía colombiana sobre un Archipiélago que debe ocupar un lugar de privilegio en la lista de prioridades ligadas a la defensa del interés nacional.

Las deliberaciones del Encuentro de Gobernadores serían estimuladas, de manera adicional, por las evaluaciones de fondo que será necesario hacer al cumplirse un año del paso arrasador del huracán Iota, una de las más duras pruebas afrontadas -con especial valor, hay que decirlo- por nuestra comunidad isleña.

Pese a que ha tenido que desarrollarse en el contexto de una crisis fiscal, la reconstrucción de San Andrés, y particularmente la de Providencia, viene avanzando con los mejores auspicios. Se trata de esfuerzo conjunto de la administración pública, los empresarios y los propios habitantes, apoyado con recursos de organismos como Findeter y acompañado preventivamente por los organismos de control.

La reivindicación soberana, que tendrá una de sus máximas expresiones en este Encuentro de Gobernadores, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, debe ser replicada en otras zonas de frontera expuestas a riesgos múltiples derivados de las migraciones masivas, la acción de grupos ilegales y de fenómenos relacionados con la delincuencia transnacional.

El Archipiélago de San Andrés será el hito más representativo de una cruzada que tiene espíritu de patria. Es algo así como aquel “Meridiano 82”, que no puede ser ignorado porque es el eje de nuestra soberanía sobre el mar territorial que lo circunda.

La soberanía y la autonomía son dos principios integradores que dan vocación de crecimiento a un país como el nuestro, cuyo corazón palpita en las regiones que nos dan identidad.