El anuncio que acaba de hacer la Organización Panamericana de la Salud en el sentido de que Colombia cumple ya todos los requisitos para recibir la vacuna contra el covid-19, es reconfortante y demuestra que el Gobierno Nacional, con sólido apoyo de todo el estamento estatal, ha obrado de manera acertada como socio del mecanismo Covax.

Afrontamos ahora el desafío de aplicar, de manera racional y equitativa, el Plan Nacional de Vacunación. Ese ejercicio supone ponerlo a salvo de controversias y enfrentamientos políticos inútiles. La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han adoptado una estrategia común para garantizar su seguimiento, de una manera que asegure que no menos de 35 millones de dosis serán administradas oportunamente a la población.

Garantes de la protección de los derechos fundamentales de las personas, esos mismos organismos han tenido a bien vincular a las entidades territoriales en ese ejercicio de control y le han confiado a la Federación de Nacional de Departamentos la misión de adoptar y aplicar mecanismos de seguimiento técnico y el acompañamiento necesario para que el Plan sea desarrollado a cabalidad en todo el territorio nacional.

Esta estrategia honrará el prestigio regional y mundial que ha ganado el país como gestor de planes integrales de vacunación para un amplio conjunto de enfermedades infectocontagiosas.

Como el manejo económico del Plan ha sido objeto de controversias, es necesario recordar que el modelo de financiación estatal ha mostrado los mejores resultados en el mundo entero. La base de ese modelo es que de la Nación y su Presupuesto General anual, los recursos con los que se adquieren los biológicos (vacunas), garantizan orden y cohesión en el gasto y es sinónimo de estabilidad administrativa.

Para el caso del covid-19, el planteamiento es similar: su adquisición y financiamiento deben integrarse dentro del actual Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a cargo de la Nación. Su estructuración responde a las actuales condiciones restrictivas de producción y oferta de vacunas en el mundo. Está relacionada también con la complejidad de las negociaciones con las casas farmacéuticas productoras.

Los entes territoriales tienen en frente una responsabilidad mayúscula dentro del Plan de Vacunación. Les corresponde orientar sus recursos financieros, humanos y tecnológicos para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores: aseguradores, prestadores públicos y privados, municipios, ciudadanos y población. Deben así garantizar que todas las personas puedan acceder a la vacunación covid-19. Ahí, la articulación entre Nación y territorios será fundamental.

El Plan Nacional de Vacunación formulado por el Gobierno Nacional garantizará el volumen de vacunas necesario para alcanzar la inmunización en un porcentaje no inferior a 70% de la población durante este 2021. Por eso contempla una ampliación priorizada, gradual y progresiva. Está asegurado también el acceso gratuito y universal.

En principio, la comercialización privada de las dosis no es una opción, pero no es descartable que pueda serlo a mediano o a largo plazo. Podría darse con el incremento de las opciones de producción de las compañías que actualmente han ganado el aval para su fabricación y comercialización y con el advenimiento de un número adicional de operadores de la salud que obtendrían las autorizaciones en los meses y años siguientes.

Las secretarías de salud de los departamentos han venido avanzando en los últimos meses, bajo criterios establecidos por el Ministerio, en acciones de alistamiento y preparación necesarias para el proceso de vacunación. Han identificado las necesidades en materia de recursos humanos, equipos e inspección y vigilancia del programa de inmunizaciones. Trabajan en la infraestructura necesaria para reponer, mantener y mejorar la cadena de frío, los sistemas de información (redes, equipos, software), la disposición de insumos y los equipos de comunicaciones y transporte.

En una situación de crisis y disfuncionalidad económica, social y sanitaria como la generada por la pandemia, es una labor esencial de los actores gubernamentales en los territorios disminuir los niveles de incertidumbre y temor entre la población. El papel de garante técnico-científico implica transferir información veraz, confiable y de acceso público. Hay que cerrarle el paso a la desinformación.

Es indispensable el uso confiable de los sistemas de información que acompañarán todo el proceso de identificación de los ciudadanos, de priorización, de aplicación de las vacunas y de seguimiento a las personas inmunizadas. Mediante la actualización de la herramienta del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en la versión PAIWEB2.0, y la disposición al público de la herramienta Mi Vacuna, no habrá espacio para la improvisación.